El Partido Acción Nacional (PAN) anunció que impugnará la asignación de 17.3 millones de pesos por concepto de financiamiento público para Fuerza por México (FxM), al señalar que esta organización política debió perder el registro con partido local.
La decisión de llevar el caso a los tribunales la comunicó Óscar Pérez Córdoba Amador, representante del PAN, durante la sesión del Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) de este miércoles 27 de noviembre.
Al pedir el uso de la palabra, sostuvo que FxM logró mantenerse gracias a una transferencia ilegal de votos que provinieron del partido gobernante Morena y que el IEE se negó a investigar.
“Le quieren dar dinero a un partido que no obtuvo los votos necesarios para conservar su registro y el financiamiento que es de los ciudadanos, por eso nos veremos en los tribunales”, advirtió Pérez Córdoba.
En contraste, el representante de FxM, Julio Antonio Saucedo Ramírez, aseguró que el juicio promovido por Acción Nacional no prosperará, argumentando que los plazos legales para impugnar el registro del partido rosa ya vencieron.
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“El PAN ha tenido la oportunidad de presentar la impugnación correspondiente ante las autoridades electorales para el otorgamiento del registro a Fuerza por México Puebla, el cual ha quedado firme hasta donde tengo entendido, puesto que ya transcurrieron los plazos legales para presentar las impugnaciones respectivas”, expuso.
Sin confianza en el TEEP ni en la Sala Superior del TEPJF
Pérez Córdova anunció la impugnación contra la asignación de financiamiento público a favor de FxM, con el respaldo de la representante del PRI, Elizabeth Torres Villegas, con quien coincidió en señalar una falta de confianza en los tribunales.
Mientras el panista aseguró que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) se encuentra “cooptado” por Morena, pero confió en la resolución de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
A su vez, Elizabeth Torres manifestó que el TEEP no es el único órgano jurisdiccional en materia electoral “cooptado” por el partido en el poder, sino también la Sala Superior del TEPJF, la cual tiene la última palabra en todos los litigios emprendidos en materia comicial.