El pasado 27 de febrero publiqué en este mismo espacio un texto en cual realicé una reflexión en torno al establecimiento de una gasolinera en la colonia La Paz, la cual, a estas fechas está prácticamente terminada a pesar de las manifestaciones de inconformidad de los colonos. Hoy sus voces y los carteles que en su momento pegaron en sus ventanas quedaron diluidos al lado del proyecto que en breve estará funcionando.
Este círculo vicioso se ha venido repitiendo desde hace mucho tiempo atrás, convirtiéndose en una costumbre arraigada en prácticamente todo el país, dejando en claro que en muchos proyectos se sobrestima el beneficio financiero que el social y que para algunas autoridades locales y para los empresarios lo que menos importa es el bienestar social. Ejemplos de lo anterior tenemos bastantes, pero permítame el lector sustentar lo que aquí argumento con sólo dos casos: la construcción y operación de una tienda Bodega Aurrerá, propiedad de la cadena de supermercados Wal Mart, en Teotihuacán, y la creación de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) en la ciudad de Puebla.
A finales del año pasado, The New York Times publicó un reportaje en el que documentó el soborno que habría ofrecido Wal Mart a funcionarios del municipio de San Juan Teotihuacán, en el estado de México, para que se les autorizara construir una de sus unidades de negocio a menos de dos kilómetros de las pirámides del Sol y de la Luna. De acuerdo con dicha fuente, Wal Mart habría desembolsado unos 200 mil dólares para que, entre otras cosas, se modificara el área restringida al comercio para poderse establecer donde actualmente se encuentra desde 2004.
Este proyecto provocó inconformidad social, movilizando a académicos, intelectuales y activistas, quienes alzaron la voz en contra del establecimiento de Bodega Aurrerá, haciendo un llamado al gobierno federal para que intervenga y actúe a favor de la conservación de uno de los patrimonios históricos de de la humanidad, considerado así por la Unesco; sin embargo, el entonces gobierno foxista ensordeció, ignorando el interés social y privilegiando el interés particular.
Por otro lado, la Red Urbana de Transporte Articulado es, de acuerdo con la información publicada en su página de internet (http://www.rutapuebla.mx/beneficios.php), un “eje trasformador que dará pauta a la modernidad del Transporte Público en la Zona Metropolitana de Puebla, mejorando la calidad de vida de los usuarios y sociedad en general”. Si bien es importante reconocer la existencia de problemas viales y de transporte colectivo en la ciudad de Puebla, la imposición de la RUTA no es más que un problema que se suma a los ya existentes.
A pesar de las muestras de rechazo a la RUTA, el proyecto continuó hasta su apresurada inauguración; aun cuando no se habían realizado las obras en su totalidad se le dio el banderazo de salida. La imposición se hizo más evidente al desaparecer otras rutas que prestaban servicio en las avenidas por las que transitaría la RUTA. Esta fallida estrategia de reconfiguración de transporte colectivo no es otra cosa más que obligar a los usuarios de transporte público a utilizar la RUTA, cercenando su derecho de elegir a su prestador de servicios.
Si bien los casos antes expuestos son distintos en su naturaleza, el punto neurálgico que los une es la indiferencia de la autoridad local a escuchar las verdaderas necesidades de la sociedad como un auténtico ejercicio democrático y no como la expresión de un narcicismo inútil y empedernido.