El edil auxiliar de San Diego Acapulco, José Tomás Dattoli Peña, del municipio de Atlixco, impuso a la fuerza un nuevo comité de agua, respaldado por actos violentos, denunció María Eugenia Ochoa García, integrante de la Asamblea Social del Agua (ASA).
La activista explicó que la imposición se realizó a pesar de los acuerdos previos establecidos ante la Secretaría de Gobernación y de la presencia de la Policía Estatal el día de los comicios, el 19 de octubre. Señaló que la asamblea, marcada por violencia, resultó en la imposición de la planilla encabezada por Carlos Tobón Ronco, en detrimento de la planilla en funciones que buscaba la reelección bajo Jacobo Palacios Gama.
Ochoa afirmó que la planilla saliente mantenía una gestión cercana a la ciudadanía, sin adeudos y había iniciado la modernización de la red hidráulica, por lo que contaba con respaldo popular. Sin embargo, la intimidación logró que los ciudadanos desistieran de ratificar el comité legítimo.
Además, la académica alertó que esta imposición podría tener la intención de asegurar nuevas fuentes de agua para la ciudad de Puebla, ante la resistencia social en municipios metropolitanos como Xoxtla, Coronango y Cuautlancingo. Lamentó que exista una estrategia para debilitar y desaparecer comités ciudadanos a manos de autoridades municipales o de organismos afines.
Destacó la importancia de que en la Ley General de Aguas, actualmente en discusión en San Lázaro, se garantice la autonomía de estos órganos ciudadanos para evitar su manipulación y control indebido.
El 17 de marzo de 2024, Ricardo Ovando, integrante del Sistema Comunitario de Agua Potable de Tecámac, en el estado de México, afirmó que hay una estrategia a nivel nacional para quebrar económicamente a los comités ciudadanos de agua potable con el propósito de privatizarlos.
Al participar en aquella ocasión en un foro sobre estos órganos de gestión del líquido, organizado por la Asamblea Social del Agua (ASA) en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), el activista destacó que en 2013 con la contrarreforma eléctrica de Enrique Peña Nieto, se metió a los sistemas comunitarios de agua en la tarifa industrial, lo que generó grandes adeudos de estos organismos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Sostuvo que ante la existencia de tales pasivos, algunos ayuntamientos han aprovechado para pagarlos a cambio de quedarse con la infraestructura.
Manifestó que otra forma de esta estrategia es que los ayuntamientos gestionan los pozos ante Conagua para las comunidades pero se apoderan de ellos.
