Tehuacán. Ignacio Salvador Hernández, expresidente municipal de Ajalpan, quien enfrenta un proceso penal, enfrentará ese juicio en arraigo domiciliario, por decisión del juez que lleva su caso, quien optó por cambiarle la medida cautelar.
El exedil llevaba casi siete meses recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso), señalado de delincuencia organizada y homicidio calificado en grado de tentativa, evasión de presos, daño en propiedad ajena y otros delitos.
Al parecer se le concedió abandonar la cárcel debido a su estado de salud y a que es adulto mayor, pero se le asignará una guardia policial permanente en su domicilio a fin de impedir cualquier intento de fuga.
Otra medida es la asistencia mensual a la Casa de Justicia de Tehuacán, para de ese modo también tener un control sobre sus movimientos. Todavía se desconoce si el exmunícipe cumplirá ese arraigo en Ajalpan o Tehuacán, ya que tiene propiedades en ambos municipios, una de ellas está en Coxolico, de donde es originario,. Comunidad enclavada en la Sierra Negra.
Salvador Hernández fue detenido el pasado 5 de mayo, llevaba más de tres años prófugo de la justicia. Fue asegurado cuando viajaba a bordo de una camioneta sobre la carretera Tehuacán-Teotitlán, a la altura de Calipan, junta auxiliar de Coxcatlán.
Las primeras carpetas de investigación en su contra se iniciaron en 2020, cuando aun era presidente municipal, esto tras darse un enfrentamiento entre policías municipales y un grupo de delincuentes al que presuntamente Salvador Hernández estaba vinculado.
De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), siendo presidente municipal, Ignacio Salvador planteó, en una reunión con personas cuyos nombres no han sido revelados, la contratación de un grupo criminal para que operara tanto en Ajalpan como en municipios aledaños.
Asimismo, en la misma fecha del enfrentamiento, aprovechando su cargo ordenó la liberación de un presunto delincuente, quien fue detenido por los uniformados, lo que le valió el proceso por evasión de preso.
En ese año la FGE aplicó cateos en varias propiedades del entonces alcalde, pero no lograron detenerlo, ya que desde el día del enfrentamiento solicitó licencia para ausentarse del cargo, quedando en su lugar uno de sus hijos, ya que era él suplente, pero cuando concluyó ese permiso, siguió gobernando a distancia.
Hasta el momento se desconoce cuál es el avance de los procesos penales en su contra ni tampoco si se le dejó de considerar un reo peligroso, por la serie de señalamientos que pesan en su contra.