Martes, mayo 11, 2021

IEE se autoinvestigará en el fraude electoral de 2018, resuelve el INE

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Consejeros y funcionarios del Instituto Electoral del Estado pusieron en duda los resultados de la elección de gobernador de 2018 al no hacer un correcto resguardo de las boletas. El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó exonerar a los primeros, al concluir que las omisiones no fueron graves, pero solicitó a la Contraloría del IEE investigar y sancionar a los segundos. El problema es que esa área tiene como titular a Juan Ignacio López Caso, uno de los 19 servidores públicos que violó la cadena de custodia de los votos ese año.

El representante de Morena ante el Consejo General del IEE, Alfonso Javier Bermúdez Ruiz, anunció que solicitará la suspensión de López Caso porque no puede ser juez y parte en la investigación, así como del resto de los implicados en lo que se resuelve su situación jurídica, pues recordó que Puebla atraviesa por un proceso electoral organizado por el IEE que no debe ser empañado con lo que ocurrió en el pasado.

En entrevista con La Jornada de Oriente, aseguró que las malas prácticas de 2018 tuvieron como propósito garantizar el triunfo de la candidata del PAN Martha Érika Alonso Hidalgo, a través de la manipulación de votos, por lo que reprobó que el INE pretenda “cortar el hilo por lo más delgado” dos años y medio después de los hechos.

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“A mí no me queda duda que habrá sanciones contra el personal, pero siempre he sostenido que el personal actúa bajo las órdenes de alguien, no actúan solos ni son arbitrarios”, agregó el representante, quien culpó a dos exfuncionarios de primer nivel del fraude electoral que denunció Morena en 2018: la exsecretaria Ejecutiva Dalhel Lara Gómez y el exconsejero presidente Jacinto Herrera Serrallonga.

Bermúdez reconoció que no existe forma de sancionar a Lara ni a Herrera, pues la tardanza con la que el INE resolvió el caso dio la oportunidad a ambos de separarse de su cargo. Lara lo hizo el 25 de enero de 2019, un mes después del fallecimiento de la gobernadora Martha Érika Alonso; Herrera, el 26 de agosto de ese año.

Cinco funcionarios implicados continúan en el IEE

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó el recuento de la totalidad de los votos emitidos en la elección de gobernador de 2018 por las inconsistencias que Morena denunció en el cómputo del IEE, el cual dio cuatro puntos de ventaja a Martha Érika Alonso sobre el candidato de ese partido de izquierda, Miguel Barbosa Huerta.

El TEPJF ordenó el “voto por voto” el 19 de septiembre de 2018. Al día siguiente, cerca de quince personas accedieron a la bodega electoral del IEE, sin que se cumpliera lo estipulado en el Reglamento de Elecciones del INE, el cual exige para ese tipo de actos la presencia de consejeros electorales y representantes de partido.

De acuerdo con una línea cronológica que forma parte de la resolución que aprobó el INE el viernes pasado para exonerar a los consejeros de Puebla, el ingreso a la bodega se realizó a partir de las 9:44 horas y finalizó a las 16:25 horas del 20 de septiembre, cinco minutos antes de que el IEE la cerrara definitivamente para el recuento de votos.

El órgano comicial local informó al INE que accedieron solo ocho funcionarios y justificó su ingreso al lugar que resguardó los 7 mil 174 paquetes de la elección de gobernador, en requerimientos que ordenó el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) para la revisión de impugnaciones.

“Sin embargo, del análisis de los videos de seguridad de la bodega electoral central del IEE, ingresaron más de ocho personas durante el desarrollo de dichas diligencias, así como el hecho relativo a que no sólo se observa que tuvieran como objetivo central atender requerimientos jurisdiccionales, al ser claro que realizaron trabajos de limpieza, acomodo y extracción de diversos materiales ajenos a la documentación y materiales electorales del proceso electoral local 2017-2018”, concluyó el INE.

Entre los ocho funcionarios que el IEE reconoció que accedieron al lugar previo al cierre de la bodega se encontró Aldo Enrique Velázquez Vega y Oscar Reyes Rodríguez, quienes fungían como encargados de despacho de la Oficialía Electoral y de la Dirección de Organización Electoral, respectivamente.

El 20 de septiembre también ingresaron a la bodega Omar Manuel Mojica Hernández, José Ignacio Tirso Cortés Ramos, Abimael Islas Rodríguez, Edwin Duran Huidobro y Juan Ignacio Cortes Ramos, todos de la Dirección de Organización Electoral, así como Víctor Hugo Briones García, integrante de la Contraloría Interna.

La incursión del 20 de septiembre no fue la única que violó el Reglamento de Elecciones, pues el INE contabilizó 49 ingresos previos a éste, entre el 30 de julio de 2018 y el 19 de septiembre de ese año, a los que no fueron convocados ni representantes de partidos ni consejeros electorales.

De acuerdo con la resolución del INE del viernes pasado, 11 funcionarios más tuvieron participación en las visitas a la bodega central, de quienes destacan Juan Ignacio López Caso, Alan David de la Rosa Viveros y Arturo Villordo Ríos, quienes se desempeñan actualmente como contralor interno del IEE, jefe de Departamento de Investigación de la Contraloría y jefe de Oficina de la Dirección de Organización Electoral, según el catálogo de puestos disponible en la página de transparencia del órgano electoral.

También continúan en el IEE Omar Manuel Mojica y Aldo Enrique Velázquez Vega, como jefe de Departamento de Organización Electoral y coordinador de Resolución y Normativa de la Unidad Técnica de Fiscalización, respectivamente.

El INE debió deslindar responsabilidades: Claudia Zavala 

El INE determinó por mayoría de votos la improcedencia de la remoción de los siete consejeros denunciados por Morena, de los cuales solo tres siguen en funciones, y la fundamentó en la resolución que emitió la Sala Superior del TEPJF el 9 de diciembre de 2018, en el sentido de que las violaciones cometidas a la cadena de custodia de los votos no incidieron en los resultados de la elección, favorable a Martha Érika Alonso.

Una de las consejeras del INE que votó contra la exoneración fue Claudia Zavala Pérez, quien aseguró que las violaciones cometidas en torno al manejo de la bodega electoral sí fueron graves y ameritaban una investigación más profunda para deslindar responsabilidades.

“Se tenía que haber revisado la conducta de cada una y cada uno de los consejeros, al momento de los acuerdos que se tomaban sobre la situación que guardaba la bodega. No fue una situación menor, porque en el ámbito jurisdiccional fue un tema bastante controvertido”, argumentó en la discusión del tema, durante la sesión del viernes pasado.

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