Ideología o fantasía

No hay que darle tantas vueltas al asunto. El General Secretario de la Defensa Nacional lo explicó con toda claridad al día siguiente de los acontecimientos: “un grupo de 40 hombres, de la Guardia Nacional y del Ejército mexicano”, bajo la responsabilidad de “personal de la Policía Militar y de la División Antidrogas de la extinta Policía Federal, hoy Guardia Nacional”, intentó de manera “precipitada, sin el consenso de los mandos superiores y sin el conocimiento del gabinete de seguridad”, capturar a Ovidio Guzmán, conforme a una solicitud de extradición del gobierno de los Estados Unidos.

La reacción fue tan violenta que el Gabinete de Seguridad tuvo que ceder y liberar al nunca formalmente detenido. El Presidente, poco antes de viajar a Oaxaca, profundamente conmovido, avaló la decisión de su Gabinete por ser “humanista” (sic); porque primero están las vidas humanas y no se puede acabar la violencia con la violencia, el fuego con fuego, ni el mal con el mal.

Por eso resulta sorprendente que el Fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, vaya a organizar a un grupo de fiscales para investigar la cadena de mando del operativo fallido y, por supuesto, descarta citar a declarar al Presidente, pues eso le parece “verdaderamente fuera de lugar”.


¿Para qué tanta investigación, si por lo dicho por el General Secretario no pasan de dos o tres los responsables, es decir, el que necesariamente iba al frente del operativo y los otros dos señalados,  responsables de los dos grupos que lo integraban, la policía militar y la División antidrogas de la “extinta” Policía Federal, hoy Guardia Nacional?

Al Secretario de Seguridad, Arturo Durazo, cuando mucho hay que darle un coscorrón por andar diciendo que la Guardia Nacional pasaba casualmente por enfrente de la casa donde se encontraba el capo. No tiene experiencia en comunicación; eso es todo. Lo importante es la decisión del Presidente que, al decir de Ricardo Monreal, evitó caer en la trampa y, con “la razón de Estado, dar un paso atrás, para avanzar dos más adelante; perder una batalla, para ganar la partida final”.

Palabras sabias que sólo se pueden entender con la ayuda del ideólogo de Morena, John Ackerman, cuando nos traduce lo que verdaderamente significó todo esto. Se atrevió a escribir: “La osadía del gobierno federal de intentar detener a Ovidio el jueves pasado en Culiacán  simboliza el principio del fin del narcoestado mexicano”.

Parece que la 4 T se está convirtiendo en la fantasía de la estulticia. Con ella no se puede debatir. No vale la razón. El Presidente no se puede equivocar, según lo dijo Mario Delgado, haciendo campaña para convertirse en el jefe de la abyección.

Por supuesto que el Presidente supo del operativo y seguramente influyó para que “no fuera como antes”, sin “tanta ostentación de fuerza” como bien los sabía hacer la Marina. Por supuesto que hoy lo niega por la confianza que dice tenerle al General Secretario y para no meterse más al atolladero. Por supuesto que el narcoestado sigue existiendo y que, ahora más bien tarde que temprano, pasaron el pitazo de la detención y por eso de inmediato se vieron cercados los del mentado operativo. Por supuesto que el Presidente tomó la decisión de liberar al capo (o a los dos hermanos,  según otras versiones), al darse cuenta del tremendo error cometido y, como es su costumbre, intentó de inmediato revertirlo en acierto. Porque si es verdad lo que trató de explicar el Gabinete de Seguridad de que cada quién actuó por su cuenta y que al final el Presidente solo se limitó a avalar las decisiones, entonces como dijera Martí (no el prócer cubano), que renuncien todos.

Sería muy conveniente que la fiscalía citara al Presidente, como él ya gustosamente aceptó, para que explicara por qué está en contra del uso de la fuerza en el ámbito de la política de seguridad. Y si no lo hace ante la fiscalía, ojalá lo hiciera ante la Nación, como le encanta decir. Pero no para echarse una prédica mañanera, sino para que desentrañe el enorme misterio de crear la Guardia Nacional para no usarla, con la excepción de su inhumana misión frente a los migrantes.

El precedente ya está creado, ninguna acción que ponga en riesgo la vida de las personas. Por ello, las fuerzas que poco a poco van moldeando a la 4 T no son las de su accionar positivo, sino las que logran chantajearla con la amenaza y la extorsión, trátese del Presidente Trump, de los grupos de estudiantes normalistas, de los pueblos huachicoleros, etcétera. Por cierto que ahora los norteamericanos, muy amables, están dispuestos a ayudar al gobierno a gobernar.

Vale anotar varios de los déficits de gobierno de la 4 T. El abandono del principio de gobernar para todos, en aras del enfrentamiento a los adversarios; de ahí que se trata de un gobierno sectario, para una parte contra la otra. La idea de que la justicia se encuentra por encima de la ley y que es tarea del Presidente asegurar que las instituciones cumplan su cometido. Y antes y después de Culiacán, manejar la política de seguridad nacional y de seguridad pública con el decálogo de Moisés y la ayuda de las abuelitas. Ello sin dejar de lado la megalomanía de creer que se está viviendo la 4 T, tan sólo porque se considera que la lucha contra la corrupción es comparable con la separación de las aguas en el mar rojo.

La oposición, por su parte, no deja de recurrir a la estridencia y a los gritos de histeria, o a la sumisión “inteligente” para moderar los excesos de las propuestas morenistas.  Condenados por el Presidente,  dado que “no tienen autoridad moral”, no aciertan a construir en el Senado un bloque opositor compacto con serenidad, cordura y compromiso democrático. Divididos, le obsequiaron la revocación del mandato, así haya sido con el filo mellado.

Una magnífica oportunidad se presentará en estos meses con la Reforma Judicial que se anunció el lunes 21 y que se propone como fecha límite para su conclusión el 18 de enero de 2020. Ninguna otra reforma es tan necesaria para acabar con la impunidad, la corrupción, la violencia y la inseguridad, que la de tener una justicia a la altura de la aspiración de los mexicanos por darnos una convivencia democrática, en paz y de pleno derecho. No puede ser que de 33 millones de delitos que se produjeron en el último año, 31 millones no fueron denunciados, según cifras presentadas por el Fiscal General de la República, 31 millones, agregó, que no creen en la justicia.

La Reforma del Poder Judicial  y el papel de las fuerzas políticas representadas en el Senado  pueden ayudar a dignificar el ambiente político que se ha creado en el país, tan degradado esta semana por los hechos de Michoacán, Guerrero y Culiacán, así como por el espectáculo decepcionante que ha dado Morena en la realización de sus asambleas para preparar la elección de su nueva directiva. Nada que presumir, como dijera el tonto del pueblo.

De no aprovecharse la oportunidad de la reforma judicial para reconstruir y complementar la política de seguridad, la próxima crisis puede ser de mayores proporciones y de pronóstico todavía más reservado.