Idamis Pastor Betancourt fue designada fiscal General de Puebla por un periodo de siete años, tras obtener 34 votos a favor y cuatro abstenciones en la sesión extraordinaria del Congreso local.
La elección se llevó a cabo después de que compareciera junto a Pedro Bermúdez Tepox e Iván Castillo Pérez, quienes no recibieron ningún voto por parte de los representantes populares.
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Durante su discurso ante los legisladores, la expresidenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), reconoció que Puebla enfrenta retos en materia de seguridad y justicia que exigen mejorar el funcionamiento de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Propone digitalizar carpetas de investigación
Como parte de su plan de trabajo, Pastor Betancourt planteó la digitalización de carpetas de investigación para evitar la pérdida de expedientes y, con eso, se pueda avanzar en la procuración de justicia.
A la par, propuso una modernización institucional administrativa que incluya la capacitación constante del personal y la implementación de programas para elevar la calidad del servicio.
Asimismo, subrayó la necesidad de fortalecer la cultura de la denuncia como un eje clave para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones de justicia.
Plantea colaboración institucional
Pastor destacó la importancia de la colaboración interinstitucional, mencionando que este enfoque será central en su administración para garantizar una coordinación efectiva en la atención de los casos.
Además, se comprometió a trabajar en la actualización y modificación del marco jurídico vigente, así como en la implementación de medidas para garantizar el respeto a los derechos humanos y la perspectiva de género en todas las actuaciones de la fiscalía.
Medidas contra la corrupción
Pastor destacó su intención de implementar medidas para combatir la corrupción y atender la falta de personal en la Fiscalía, como Ministerios Públicos e investigadores especializados.
También presentó estrategias para garantizar la integridad de las víctimas en casos de violencia digital y mediática, así como acciones específicas para asegurar el cumplimiento del protocolo de emisión de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia.
Finalmente, reiteró su compromiso con la profesionalización de la Agencia Estatal de Investigación y la atención de delitos de alto impacto, incluyendo feminicidios, desapariciones y delitos relacionados con la trata de personas.
