No se prevén afectaciones para el estado de Puebla tras la salida de Iberdrola de México, en un contexto donde el grupo Cox ha formalizado la compra de su infraestructura energética.
Víctor Gabriel Chedraui, secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, subrayó en entrevista que hasta ahora no ha existido una notificación formal de Iberdrola al gobierno estatal sobre la desinversión.
No obstante, el funcionario estatal enfatizó que los bienes eólicos y solares de la firma española no pueden ser trasladados de los municipios poblanos, por lo que quienes adquieran la infraestructura deben continuar operándola.
“En un momento determinado pudiera ser como pasó, alguien que quiera vender, imagínense dónde van todas estas eólicas, ni modo que se las lleven, habrá alguien que quiera o que tenga el interés de poderlas utilizar”, dijo momentos antes de que se diera a conocer que Cox, grupo empresarial español, adquirió la infraestructura de Iberdrola en México.
La relevancia para la entidad radica en lo que deja Iberdrola en Puebla: el parque eólico PIER II, en Esperanza, con 33 aerogeneradores y 66 megavatios de capacidad; y el parque eólico PIER IV, desplegado en Cañada Morelos, Chapulco y Palmar de Bravo, con 84 aerogeneradores y 221 megavatios instalados.
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Además, la planta fotovoltaica en Cuyoaco y las acciones de electrificación rural han llegado a municipios como Nicolás Bravo, Santiago Miahuatlán y Tehuacán, a través del programa Luces de Esperanza implementado en el último año.
Este jueves, el grupo Cox anunció en un comunicado la compra de los activos de Iberdrola a nivel nacional por 4 mil 200 millones de dólares, lo que incluye 15 plantas de generación, entre ellas las de Puebla, y el control de la que es considerada la mayor comercializadora eléctrica del país, que cuenta con un 25 por ciento de cuota de mercado.
El consorcio anunció su intención de mantener la operación de toda la infraestructura y conservar la planta laboral, al tiempo que prevé inversiones para modernizar y ampliar el suministro energético en México entre 2025 y 2030.
En cuanto al marco nacional, la salida de Iberdrola se enmarca en una etapa de reconfiguración del sector energético, caracterizada por un regreso de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a posiciones centrales y por el ingreso de nuevos actores privados.
La empresa española indicó en su informe financiero de 2024 —retomado por La Jornada— que la reforma eléctrica en México generó un entorno de incertidumbre regulatoria.
La compañía arguyó enfrentar retrasos en los trámites necesarios para registrar clientes bajo el nuevo esquema del mercado eléctrico, lo que la ha obligado a operar temporalmente en el mercado spot (compra inmediata a precio variable), con un riesgo estimado de pérdidas de hasta 20 millones de euros.
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