Iberdrola utiliza conflicto de límites territoriales para frenar movimiento vs. parque eólico

FOTO: esimagen / Jafet Moz

Un grupo de ejidatarios de San Pedro Chapulco, Azumbilla y Puente Colorado denunció que la transnacional Iberdrola utiliza un conflicto de límites territoriales que precede de 1936 para generar división entre las comunidades y frenar el movimiento social que lucha contra la instalación de un parque eólico junto a la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán.

Así lo denunció el presidente del comisariado de Chapulco, Lorenzo Osorio Rosas, quien ofreció este lunes una rueda de prensa en la capital poblana, con el respaldo de los abogados Carlos Popocatl, Gustavo Rosas y Arturo Mendoza, así como del ejidatario Luis Lázaro Santos, de Azumbilla, y Mario Betanzos Castillo.

En el encuentro se ventiló que el ex regidor panista Fernando López Rojas, quien además fue delegado en Puebla de la Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra (Corett), es el operador político a favor de la empresa de origen español.


Desde el sexenio del panista Rafael Moreno Valle, informó que las autoridades ejidales firmaron bajo amenazas tres contratos para el arrendamiento de 11 mil hectáreas para la instalación del Parque Industrial de Energía Renovable (PIER IV), dejando a la región sin tierra para uso agrícola.

Por lo que culpó al gobierno del estado de estar dando las condiciones para que se instale el parque eólico que iniciaría operaciones para el mes de septiembre próximo, como en su momento anunció el mandatario interino Guillermo Pacheco Pulido.

 

Lo anterior, acusó, sin efectuar previamente una consulta libre e informada a los pobladores de origen popoloca que se verán agraviados por el impacto ambiental.

Por su parte, el abogado Gustavo Rosas, del Colectivo Hermanos Serdán, acusó que Iberdrola incurrió en desacato a la sentencia emitida en 2016 por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de la Ciudad de México, en el que determina que todo el polígono de las 11 mil hectáreas, rentado por 30 años, es de carácter ejidal y no pequeña propiedad.

A pesar de ello, dijo que la empresa violentó el resolutivo del juez y efectúa “negocios” poco claros con autoridades de Chapulco, Azumbilla y Puente Colorado, a quienes promete construir caminos, escuelas y otras obras, a cambio de la instalación del parque eólico.

Para el abogado Rosas, se trata de una estrategia de la transnacional para dividir a las tres comunidades, que podría derivar en un conflicto social mayor con consecuencias fatales.

En entrevista, reveló que la compañía española miente a los campesinos, a quienes asegura que no habrá impacto ambiental en sus comunidades por la construcción y operación del parque eólico, cuando la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de la Semarnat determinó que hay daño irreversible a la flora y fauna endémica de estos pueblos de origen popoloca.

Incluso, dijo que el tendido de las torres de alta tensión atravesará por la mitad al poblado de Puente Colorado, exponiendo a su población a campos electromagnéticos que alteran la salud y podrían generar cáncer.

Gustavo Rosas aclaró que para los ejidatarios no hay valor económico para resarcir el daño a las tierras y medio ambiente; sin embargo, evidenció que Iberdrola no ha pagado el recurso acordado con las comunidades.

Dio a conocer que en 2017 la compañía entregó al comisariado ejidal un millón 613 mil pesos, recurso del que desconocen su destino, mientras que en los años 2016 y 2018 no pagó ningún permiso.

Iberdrola tampoco ha pagado derechos ni  arrendamiento por tres años en el Parque Eólico del municipio de Esperanza, el primer proyecto de la firma.