La transnacional Iberdrola con dos parques eólicos en Puebla, ubicados en los municipios de Cañada Morelos, Chapulco, Esperanza y Palmar de Bravo, de los cuales ninguno fue adquirido por el gobierno federal en el bloque de las 13 plantas que compró a la compañía española, como parte de la llamada nacionalización de la industria eléctrica que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Con la venta de los activos, Iberdrola afirmó que queda “casi libre” de todos los problemas regulatorios que tiene con las autoridades nacionales, luego de que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) determinó que la compañía había incurrido en la venta ilegal de energía generada en la planta “Dulces Nombres”, ubicada en Pesquería, Nuevo León.
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que existen causas judiciales pendientes contra la empresa en numerosos juzgados de España, Estados Unidos y México, entre otros, por delitos como el de manipulación del precio de la luz de forma ilegal, espionaje, cohecho activo, falsedad en documento mercantil, atentado contra la intimidad y una serie de gravísimos delitos ecológicos.
Su instalación en la entidad poblana no fue la excepción. La compañía generó una serie de conflictos ejidales al no consultar a los pueblos sobre la construcción de ambos proyectos.
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El primer parque eólico en Puebla, que se encuentra en el municipio de Esperanza, inició operaciones comerciales en julio de 2015, sin que los ejidatarios tuvieran claridad sobre si había beneficios o no para sus pobladores.
El segundo parque se construyó con una inversión de 300 millones de dólares a fin de aumentar el suministro de electricidad a Grupo Modelo, Soriana y Grupo Lala, en un polígono que abarcan las localidades de Chapulco, Cañada Morelos y Palmar de Bravo.
Para entonces, la segunda planta inició operaciones en agosto de 2020, con una capacidad de 221 Megavatios (MW) y 84 generadores, en medio de un conflicto de tierras.
Ejidatarios de Chapulco y Azumbilla exhibieron que Iberdrola se instaló sin previa consulta a la comunidad y que únicamente paga 3 pesos anuales por uso de metro cuadrado de tierra a los campesinos, 4 pesos anuales por ocupación de caminos y 2 pesos por cada metro cuadrado por instalación de plataformas.
A cambio, los ejidatarios no podrán sembrar ni construir en sus predios los próximos 30 años, es decir, hasta 2050.
El presidente del comisariado de Chapulco, Lorenzo Osorio Rosas, denunció que Iberdrola utilizó además un conflicto de límites territoriales para su instalación en la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán.
Moreno Valle dio las condiciones para su instalación en Puebla
Desde el sexenio del panista Rafael Moreno Valle, las autoridades ejidales firmaron bajo amenazas tres contratos para el arrendamiento de 11 mil hectáreas que dejó a la región sin tierra para uso agrícola.
Además, por la construcción de la segunda planta se talaron más de 121 mil árboles y 200 animales de 21 especies tuvieron que ser reubicados, por lo que se reforestaron 143 hectáreas.
Los ejidatarios reconocieron en su momento que desconocen los posibles daños a la flora y fauna de la región, por tratarse de una reserva ecológica.
Sin embargo, existe el caso documentado de los parques eólicos del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, donde las plantas eólicas acabaron con aves migratorias no sólo por impactos directos, sino por los cambios en la presión atmosférica provocados por el giro de las palas de los ventiladores, lo cual también se producen alteraciones en el hábitat.
En la compensación a pagar, Iberdrola entregó a la tesorera del ejido Chapulco únicamente la cantidad de 56 mil 250 pesos. Y si la firma requiera instalar una Estación Meteorológica para la medición del recurso eólico en los terrenos arrendados, pagará al ejido 9 mil pesos anuales, durante el tiempo que permanezca la obra.
A cambio, el ejido está obligado a no construir, plantar ni dejar surgir sobre la superficie arrendada de un perímetro de 150 metros desde el correspondiente emplazamiento de cada aerogenerador del parque eólico.