Como una medida cautelar, las cuatro personas detenidas acusadas del homicidio culposo de los ex gobernadores Martha Erika Alonso Hidalgo y Rafael Moreno Valle, fueron enviadas este sábado a los penales de San Miguel y Huejotzingo, bajo la figura de prisión preventiva justificada.
Será esta semana cuando se realice la audiencia en la que se definirá la situación jurídica de los tres empleados y el propietario de la firma Rotor Fligth Services, señalados de los delitos de homicidio a título de culpa, daño culposo en propiedad ajena y falsedad de declaraciones.
Fue la tarde del 24 de diciembre, exactamente dos años después de la muerte de los panistas, cuando la Fiscalía General del Estado (FGE) dio cumplimiento a ordenes de aprehensión en contra de los implicados en el caso.
La primera audiencia para definir la situación jurídica de los señalados, se desarrolló la tarde-noche del sábado en la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, misma en la que la defensa de los implicados solicitó una ampliación para que esta se reanude en un plazo de 144 horas, lo que ocurrirá durante la semana que inicia.
Durante la entrevista, los detenidos fueron informados que son acusados de los delitos mencionados, como empleados de la empresa que daba mantenimiento a la aeronave Agusta modelo A-109, matrícula XEABON, en la que los panistas y tres personas más perdieron la vida al desplomarse, el 24 de diciembre de 2018.
Ante la solicitud de la ampliación del plazo, el agente del Ministerio Público impuso una medida cautelar denominada como “prisión preventiva necesaria justificada”, por lo que José Antonio Vázquez Torales, propietario de la empresa, fue enviado al penal de San Miguel, en la ciudad de Puebla.
En tanto que Ricardo Montiel Rodríguez, María Magdalena Raya Ochoa e Israel Olguín Jiménez, que son empleados de la empresa, fueron internados en el penal de Huejotzingo, en donde permanecerán mientras se define su situación jurídica.
Hay que señalar que en su conclusión sobre la investigación de las causas del accidente, presentada en marzo pasado, el gobierno federal indicó que fue la falta de mantenimiento por negligencia en los “actuadores” del helicóptero, lo que provocó el accidente.
Sin embargo, la defensa de los detenidos arguye que tres meses antes del accidente, la falla mecánica fue reportada, pero ignorada, aunque este desperfecto no representaba un riesgo de desplome, por lo que los pilotos decidieron volarlo.
Una prueba de que la falla no representaba un riesgo es que el vehículo voló 53 veces en esa situación, sin que tuviera problemas en el aire.
Tras recibir mantenimiento, la nave tenía una garantía de 10 días, plazo que ya había vencido cuando se desplomó, el 24 de diciembre de 2018.
La empresa implicada fue constituida hace siete años, con sede en la ciudad de Toluca, en el Estado de México.