El término “verdad histórica” siempre me pareció no sólo falaz sino sumamente pretencioso. Después de todo ¿quién es capaz de tener la Historia, así con mayúsculas, en la mano?, ¿quién es capaz de presumir de tener la “verdad” y nada menos que una sustentada en la Historia? Empero, como vemos, llegan otros grupos al poder y la versión oficial se desmorona al grado de que ahora se perseguirá de manera legal y legítima a algunos de los fabricantes de dicha “verdad” encabezados por el otrora director de la ahora extinta Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón de Lucio, curiosamente en fuga en este instante. Como registra Anabel Hernández en su libro La Verdadera Noche de Iguala, la Historia que el Gobierno quiso ocultar (2016), el “…7 de noviembre el entonces procurador Jesús Murillo Karam y Zerón informaron que a partir de las declaraciones de presuntos integrantes de Guerreros Unidos que habían aprehendido, se desprendía que la noche del 26 de septiembre policías municipales de Iguala y Cocula entregaron a ese grupo criminal a los 43 estudiantes, a los que luego éstos habrían llevado al basurero de Cocula, donde los quemarían en una inmensa hoguera durante más de 15 horas. Más tarde, para reforzar su dicho, alegaron que elementos de la Marina habían encontrado en el río San Juan bolsas de plástico con restos óseos de los normalistas, en el punto donde uno de los ‘asesinos confesos’ las habría arrojado. La PGR impuso esta trama como la ‘verdad histórica’ y con ello dio por resuelto el crimen”. ¿Se perseguirá también a Murillo Karam, portavoz de semejante embuste?
Esa “verdad histórica” sobrevivió incluso el escrutinio del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) que determinó lo siguiente, consignado en un reportaje publicado en la edición de Ojarasca de septiembre de 2015: “No existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada en base a testimonios, de que 43 cuerpos fueron cremados en el basurero municipal de Cocula el 27 de septiembre de 2014. Toda la evidencia recolectada muestra que en el basurero municipal de Cocula sólo se han dado fuegos de pequeñas dimensiones cuya temporalidad no puede ser debidamente definida (…) No existe ninguna evidencia que muestre que la carga combustible necesaria para la cremación de cuerpos haya estado en algún momento disponible en las cercanías del basurero municipal de Cocula. Los testimonios indican eventos que no son posibles dadas las condiciones generadas para lo que sería el fuego mínimo necesario para la cremación de 43 cuerpos”. Como se vio, el sistema en su conjunto, incluyendo autoridades de los tres órdenes, decidieron mirar hacia otro lado y dar vuelta a la página. Pero no así los padres de los 43 ni amplios sectores de la población de nuestro país que, en marchas y mítines, cada año exigen el esclarecimiento de lo sucedido en Iguala ese 26 de septiembre de 2014. Aparentemente el gobierno federal ha decidido retomar la investigación. Ya veremos cuál será la verdad propuesta ahora por la Fiscalía una vez concluidas las nuevas pesquisas ordenadas desde el Ejecutivo.
El asunto se antoja realmente escabroso pues en toda esta cloaca hay presencia de autoridades locales, federales, de justicia y militares; hay un tufo ingente a crimen organizado coludido con esas autoridades; medios de comunicación que sistemáticamente colaboraron reportando a detalle aquello que los de la “verdad histórica” les dictaban (no vemos miles de reportajes como el hecho por Anabel Hernández); una indolente sociedad más dispuesta a olvidar que a exigir la verdad. Todo eso colabora para que algo tan endeble como esa “verdad” se fije ampliamente en la memoria de un pueblo como el nuestro. Vale incluso preguntarnos si no es que, incluso contando con la duda instalada a raíz de las conclusiones del GIEI, nuestra sociedad prefiere no saber a constatar que nos han visto la cara durante décadas. En efecto, le duela a quien le duela, tuvo que llegar un gobierno no panista o priísta para que las investigaciones avanzaran. No obstante, no soy optimista sobre lo que viene, dejé de serlo hace tiempo ya. Pienso que esa luz de esperanza que nos brindan las palabras del Fiscal Gertz Manero se opaca de inmediato cuando analizamos el asunto a detalle. Las dudas que surgen de inmediato son ¿cuál será la verdad que aceptaremos como sociedad? ¿Estaremos satisfechos una vez que Peña Nieto y su gabinetazo de seguridad estén en la cárcel? ¿El ejército reconocerá su participación en la desaparición de los 43, si es que hay evidencia de lo anterior? ¿En verdad irán hasta las últimas consecuencias? Y, por consiguiente, ¿cuál será la nueva “verdad histórica” ?, porque igual que con la ahora “mentira histórica”, habrá evidencias que sustenten la nueva “verdad”. Sólo el tiempo responderá estas preguntas.
Lo importante será para nosotros el entender nuestra relación con este tipo de sucesos, cómo los interpretamos y qué hacemos para que no se repitan. Detrás de Ayotzinapa hay mucho más que una atroz acción cometida desde el poder y el crimen organizado hacia un grupo de jóvenes. Hay un andamiaje social que permite que la vida de un ser humano (en este caso 43) pueda ser dispuesta como sea por quien sea; y hay impunidad o al menos, la complacencia o justificación por parte de ciertos sectores de esa misma sociedad. Federico Navarrete, en su libro México Racista, una denuncia, concretamente en el primer capítulo intitulado “Los Espectros de los Invisibles” denuncia que “la manera en que el desprecio racista que muchos mexicanos sienten por las personas de piel más oscura y de condición más humilde los ha hecho invisibles a los ojos de la prensa, de los medios de comunicación y de la sociedad misma, y ha facilitado que cientos de miles de nuestros compatriotas hayan sido asesinados, desaparecidos, torturados y secuestrados en las últimas décadas. Esto es lo que llamaré ‘necropolítica de la desigualdad’ y es la consecuencia más nociva de nuestro racismo, pero no la única”. En efecto, esos 43 forman parte de los desechables, de los ignorados, de ese grueso de la población que no le importa a nadie. Es decir, ¿qué hubiera sucedido si los 43 no hubieran sido de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos y sí del Tecnológico de Monterrey, de la Iberoamericana, de la Anáhuac o del ITAM? Les garantizo que la respuesta desde el poder habría sido totalmente otra. Es más, ¿habrían desaparecido? Y justo ahora surge el racista/clasista que muchos llevan dentro para decir, con total soltura: “es que, ¿para qué andan secuestrando camiones? Los de las universidades privadas nunca harían eso”. ¿Necesito decir más? Me queda claro que el tirar esta “mentira histórica” y colocar en su lugar una nueva “verdad”, por más que esté sustentada en evidencias contundentes y en concordancia con la legítima lucha contra la corrupción y la “mafia del poder” (AMLO dixit), si no se ocupa de construir una nueva concepción del yo frente al otro, de nada servirá. Seguirá existiendo la violencia en todas sus expresiones, seguirán los feminicidios, seguirán los etnocidios disfrazados de “etnodesarrollo”, los asesinatos de activistas medioambientales, de personas LGBTTTIQ, de todo aquel o aquella que se considere diferente, inferior y desechable. Esa, después de todo, es nuestra Histórica Verdad, una pugna colonial entre los que más tienen frente a los que no tienen nada. Menudo reto para la 4T y para todos nosotros. No, definitivamente no soy optimista.