La dirigente estatal de Morena, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, confirmó que su hijo, Francisco Cuena Romero, se registró en el proceso de selección de candidatos a diputado local en el municipio de Tehuacán, pero descartó que éste metiendo la mano en la contienda interna para garantizarle esa posición.
“Mi hijo está aspirando, pero no es un asunto mío. Él es una persona muy aparte de lo que su mamá esté haciendo”, aseguró en conferencia de medios.
Olga Lucía Romero agregó que Francisco Cuena “es un hombre que tiene un gran conocimiento de todos los temas legislativos”, porque lleva “muchos años trabajando en ello”, en alusión al acompañamiento que su hijo le dio en los dos periodos en los que la actual dirigente de Morena se desempeñó como diputada del Congreso de Puebla.
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Recordó que los candidatos de Regeneración Nacional se definirán por encuesta, motivo por el cual “será el pueblo de ese distrito el que decida si quieren que vaya o no”, porque “nadie va a meter la mano”.
Militante de Morena exhibió la aspiración de Francisco Cuena
La incursión de Francisco Cuena en el proceso electoral como aspirante de Morena a diputado local de Tehuacán la denunció Anacleto Martínez Quiroga, durante una protesta que se difundió en medios de comunicación locales el 7 y 9 de enero pasado.
En las notas informativas se consignó que Martínez acusó un intento de imposición desde la cúpula estatal del partido, a favor de ese familiar de Olga Lucía Romero.
Dio a conocer que solicitó al presidente nacional del partido guinda, Mario Delgado Carrillo, la inhabilitación de la dirigente y su hijo como militantes, por supuestamente haber quebrantado la máxima de Regeneración Nacional de no robar, no mentir y no traicionar.
Recordó que Olga Lucía Romero llegó a la diputación local por Tehuacán en 2018 y se reeligió en 2021, periodo en el que no defendió –desde su punto de vista– el ideario morenista “a favor de los pobres”.
Como ejemplo, refirió que la actual presidenta estatal de Morena votó a favor de autorizar a los municipios el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), medida que no se ha traducido en mejoras en el servicio.
