Domingo, mayo 26, 2024

Hay más de 250 indígenas presos en cárceles poblanas, revela titular del IPPI

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Más de 250 indígenas permanecen encarcelados en Puebla; muchos de ellos han sufrido violación a su debido proceso y hay casos de presos que por no poder pagar una fianza de 3 mil pesos para pagar una fianza llevan un trienio tras las rejas, veló Rafael Bringas Marrero.

El titular del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI) informó que en colaboración con su institución homóloga a nivel nacional, detectó 28 casos en los que a indígenas poblanos

Añadió que a esas 28 personas, tres de las cuales son mujeres, se les brindó una amnistía de 5 años, porque cometieron delitos menores.

Bringas Marrero participó este domingo en la tercera asamblea de la consulta sobre el plan de nación 2024-2030 que está elaborando el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, la cual se llevó a cabo en Acatzingo.

El funcionario estatal hizo una explicación de las políticas públicas que han llevado a cabo para beneficio de los pueblos indígenas de la entidad, el gobierno de la República, presidido por Andrés Manuel López Obrador, y a nivel estatal la administración del gobernador sustituto, Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

Rafael Bringas resaltó la autoadscripción como un instrumento útil de gestión de las comunidades en trámites oficiales, como la tramitación de permisos ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para el aprovechamiento de ese recurso.

Mencionó que uno de los beneficios es que los pueblos puedan obtener de parte del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y de manera colectiva el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), con lo cual contarán con más elementos jurídicos para el ejercicio irrestricto de sus derechos y el cumplimiento de obligaciones. Esto permitirá, entre otras cuestiones, acceso a transferencias de recursos sin intermediarios y la suscripción de convenios económicos y comerciales.

Recomendó a los presidentes municipales presentes atender las reformas al Artículo 2 Constitucional que obligan a los cabildos a hacer consultas sobre sus planes de desarrollo municipal a los pueblos indígenas o de lo contrario enfrentarse a un proceso en el que ese documento pierda validez.

Sobre el acceso a la justicia, Bringas Madero precisó que los 28 indígenas a los que se violaron sus garantías de representación legal pertenecen a los pueblos nahua y totonakú.

“Es por eso que es necesaria, imprescindible, que haya una reforma judicial, como lo ha dicho el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador”, aseveró.

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