La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene carpetas de investigación abiertas en contra de Marco Antonio Valencia Ávila y Juan Lira Maldonado, quienes ganaron las elecciones a las presidencias municipales de Venustiano Carranza y Chignahuapan.
Así lo dio a conocer Gilberto Higuera Bernal, titular del organismo, quien evitó profundizar en los casos pues reiteró que las indagatorias están en curso.
Los triunfos de Valencia y Lira, excandidatos de los partidos Fuerza por México y Acción Nacional (PAN), fueron invalidados por el Tribunal Electoral del Estado (TEE) pero, tras impugnaciones presentadas por los equipos jurídicos de ambos, este miércoles, sus victorias fueron ratificadas por la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Al ser abordado sobre la situación de los dos políticos, pues anteriormente fueron señalados por actos al margen de la ley, el fiscal señaló que se cumplirá con la ley en los plazos jurídicos pertinentes.
“Hay casos que están en curso. Una ruta es en la que siguen en los ámbitos electorales, nosotros investigamos, por supuesto, también delitos electorales, pero estamos trabajando todavía en casos de este tipo como los que usted ha referido, y habremos de cumplir nuestra encomienda legal siempre, siempre, en cualquier circunstancia, habremos de cumplir en el momento legal que sea pertinente, es todo lo que puedo decir sobre su pregunta”, señaló el fiscal al ser interrogado sobre el caso.
En 2018 y 2020, la FGE efectuó cateos en domicilios de integrantes de la familia Valencia Ávila, después de que el entonces gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló posibles vínculos de estos con la delincuencia, particularmente el robo de combustible.
Los señalamientos se agravaron cuando en 2020 fue circulada una fotografía de integrantes de la Guardia Nacional (GN) en una reunión con los Valencia Ávila, pues en ese momento fueron señalados de actividades delincuenciales.
Sin embargo, en 2023, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado (CDHEP) reconoció como víctimas de esos cateos a 15 integrantes de la familia en cuestión al señalar que estas revisiones fueron arbitrarias, no obstante, en su momento, Higuera Bernal indicó que esa resolución no los eximía de los procesos legales en su contra.
Por otra parte, sobre el caso de Juan Lira debe decirse que, en julio pasado, su esposa y dos de sus hijos fueron vinculados a un proceso penal acusados de asociación delictuosa por la compra presuntamente irregular de terrenos y vehículos, mismo que enfrentan en libertad.
La imputación por el delito de asociación delictuosa es resultado de la presunta compra fraudulenta de predios y vehículos que los familiares del político, quien es conocido en la región comúnmente como “El Moco”, habrían hecho hace 10 años, según se indica en la carpeta de investigación 21/2024/Zacatlán.
Lira Maldonado también es acusado por asociación delictuosa en la misma carpeta de investigación, pero recurrió a un amparo.
