Puebla se encuentra entre las entidades con las tasas más bajas de asesores jurídicos que defienden a víctimas de delitos por cada 100 mil personas, situación que aumenta la vulnerabilidad de las mismas, según los resultados de un análisis realizado por la organización civil México Evalúa.
La entidad poblana tiene entre 0.1 y 1 defensores por cada 100 mil personas, mientras que estados como Colima y la Ciudad de México la cifra crece a 4.1.
Según los datos presentados por la organización, Puebla tiene uno de los promedios más bajos de víctimas representadas durante el proceso penal por asesor jurídico, a alcanzar un 95.75 que es la cuarta cifra más baja después de Durango, con 44.17; Coahuila, con 45.51 y Tlaxcala, con 88.
Después siguen México, con 104.58; Michoacán, con 122.72; Querétaro, con 137; San Luis Potosí, con 142.7, así como Nuevo León, con 215.14; Zacatecas, con 271.57; Sonora, con 379.28 y Veracruz, con 381.44.
Un asesor jurídico participa en todas las fases de un proceso penal, las cuales consisten en las etapas iniciales, intermedias, de juicio y de sanciones, en actividades como la formulación de denuncias, la solicitud de medidas cautelares, en las audiencias, en el desahogo de pruebas, así como en controversias ante el juez de control.
La Ley General de Víctimas establece que, si la víctima no puede designar un defensor particular, entonces tendrá derecho a uno gratuito, y su intervención será para orientar o intervenir en el procedimiento en representación de la misma.
En cualquier etapa del procedimiento, las víctimas podrán actuar por sí o a través de su asesor jurídico, según establece la normativa.
La designación del asesor jurídico corresponde exclusivamente a la víctima. No es facultad del Fiscal, del Ministerio Público ni del Defensor.
Excepcionalmente el Juez, ante la inasistencia del asesor en audiencia informará a la víctima su derecho a nombrar otro, si esta no quiere designarlo, se decretará que el Ministerio Público le represente.
El asesor sólo velará por los intereses de la víctima, no actuará en subordinación del Ministerio Público ni de otra autoridad.