El gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, acusó ayer que Carlos Enrique Rafael Haghenbeck Cámara, consuegro del exmandatario estatal, José Antonio Gali Fayad, es el responsable de la depredación del bosque de Amalucan, pero advirtió que los permisos de tala serán revisados para detener la tala e incluso adelantó que se tramitarán las denuncias penales correspondientes, si se confirma la eliminación no autorizada de vegetación.
“Es parte de lo que hicieron el año pasado en un acuerdo con un desarrollo de fraccionamientos y desarrollo urbanístico que lo vamos a parar. Hay irregularidades, es un intercambio que hicieron, lo vamos a revisar y a parar. Si se derribaron ilícitamente fincaremos responsabilidades inclusive penales”, advirtió el mandatario en una entrevista colectiva.
Cuando le preguntaron quién está detrás de la deforestación con fines inmobiliarios, el mandatario contestó: “Es el consuegro de Gali, ¿verdad que sí?”.
Se sabe que José Antonio Gali López, hijo de José Antonio Gali Fayad, es esposo de Andrea García Haghenbeck, sobrina de Haghenbeck Cámara.
La oficina de Gali Fayad se comunicó con esta casa editorial para rechazar que el consuegro del exmandatario esté involucrado en el caso.
Barbosa fue entrevistado sobre el particular en Tlaxcala, al final de la firma de un acuerdo de colaboración con el gobierno de aquella entidad.
Al acto protocolario también asistió a titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, Beatriz Manrique Guevara, quien en otra entrevista aclaró que el permiso para cortar árboles sí lo dio en mayo pasado la dependencia, entonces encabezada por Rafael Reynoso Mora, quien era el responsable del sector en el gabinete del gobierno interino que dirigió el priista, Guillermo Pacheco Pulido.
“Es un proyecto particular que obtuvo un permiso por la Secretaría en el mes de mayo en donde generaron una afectación de 100 árboles. De todo el estudio que se nos presentó hay más de 40 que van a ser retirados porque ya están secos, pero aun así existe un impacto”, manifestó.
Y añadió: “Lo que nos llama la atención es la absoluta disparidad de criterios de quienes otorgaron los permisos: en unos estamos hablando de una compensación de uno a 10. De cada árbol que se tala compensar con 10 árboles más medidas adicionales. En el caso de Amalucan una de las medidas adicionales era contar con un permiso del municipio. Esto tenemos que verificar si efectivamente lo tienen y estar dando seguimiento a las medidas de compensación”.
Insistió en la discrecionalidad hallada en la autorización de proyectos durante la gestión de Rafael Reynoso Mora: “es que hay disparidad total de criterios, no hay una línea conductora que te dé la proporcionalidad correcta ante el daño, pareciera que era pues depende el sapo la pedrada, depende de si es cercano o no es cercano, eso lo tendremos que eliminar, tendrá que haber criterios objetivos”.
–Sobre esta disparidad de criterios habrá una investigación, porque parece que hay colusión –se le inquirió a la funcionaria.
–No sé si habría colusión –respondió–, pero pareciera que si una sola persona firmaba, alguien que no tenía el criterio unificado, es decir, sus colaboradores, le pasaban a que firmaran cosas diferentes dependiendo de casa caso.
–¿Eso también se investigará? –se le insistió.
–Sí, por supuesto y no solo eso: habrá criterios objetivos, no personales, no relacionados con los individuos. Criterios apegado a la ley –contestó.