La Contraloría del municipio de Puebla fincará responsabilidades administrativas en contra de integrantes de la anterior administración encabezada por Eduardo Rivera Pérez y Adán Domínguez Sánchez, debido a que no hay documentación que justifique el uso de 387.6 millones de pesos, lo que ocurrirá en enero próximo.
Así lo adelantó la titular de la dependencia, Dulce Lilia Rivera Aranda, quien señaló que los procesos administrativos se establecerán en contra de exfuncionarios de la anterior gestión, de acuerdo con su nivel de involucramiento en el uso de los recursos públicos, cuyo destino no pudo ser aclarado.
En entrevista, la funcionaria confirmó la declaración que el alcalde José Chedraui Budib emitió el pasado 18 de noviembre, en el sentido de que veía “muy complicado” que su antecesor Eduardo Rivera solventara las observaciones que la Contraloría hizo, pues reiteró que no hay soportes documentales que aclaren el uso de los recursos en cuestión. “Faltan entregables, documentación comprobatoria y justificatoria del gasto”, acotó.
La contralora explicó que, de acuerdo con la normativa, ya concluyó el periodo en el que los cuestionamientos podrían solventarse, por lo que en diciembre se cerrarán los expedientes y se enviarán al área correspondiente a fin de que se radiquen en enero.
“Como no hay documentación comprobatoria y justificativa del gasto, lo que se va a hacer es cerrar las auditorías y mandarlas al área de responsabilidades y obviamente seguir los procedimientos en contra de quienes resulten responsables”, detalló.
Al ser interrogada sobre quiénes serían los exfuncionarios que serán sancionados por la falta de solventación, explicó que esto dependerá del grado de involucramiento que tuvieron en el ejercicio de los recursos y de la falta de documentación para esclarecer el gasto.
Rivera Aranda señaló que, como lo citó en su comparecencia de finales de octubre pasado ante el cabildo, as auditorías se dividen en dos rubros: gasto corriente y gasto de inversión. En el primer caso se llevaron a cabo revisiones al ejercicio de 701.6 millones de pesos, mientras que en el segundo la cifra fue de mil 174 millones.
En las auditorías al gasto corriente, las cuales fueron 14, se encontró falta de entregables, deficiencia en la integración de expedientes, inconsistencias en registros contables y falta de controles internos, que sumaron 10.3 millones de pesos.
En cuanto al gasto de inversión, se llevaron a cabo cinco auditorías de las que tres ya concluyeron y dos están en proceso, las cuales implicaron revisiones a 65 obras, mismas que arrojaron observaciones por 377.3 millones de pesos, las cuales consisten en inexistencia de expedientes, ineficiencia en dictámenes, inconsistencias en contratos, deficiencias en requisitos en materia de medioambiente y pagos en exceso por volúmenes adicionales.
Debe destacarse que la actual administración también acusó al anterior gobierno de heredar una deuda por una deuda por 547 millones de pesos, derivada de pagos pendientes a proveedores y contratistas, misma que es conocida como “hoyo financiero”.
Hasta este lunes ni Rivera Pérez ni Domínguez Sánchez habían emitido alguna posición sobre la falta de solventación de las observaciones hechas al gasto que realizaron al frente de la Comuna capitalina.
