Ex directivos policiacos, defensores de derechos humanos y ex legisladores coincidieron en que Puebla no necesita una norma que regule el uso de la fuerza pública contra manifestantes, porque eso lo intentó hacer la llamada Ley Bala del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas con resultados represivos en los operativos policiacos de Chalchihuapan y Ajalpan de 2014.
El tema se abordó en el Foro Consultivo Estatal hacia la Nueva Ley Reglamentaria que regula el uso de la Fuerza Pública, donde otra de las propuestas consistió en emitir una nueva norma con una “perspectiva amplia” en materia de derechos humanos, la cual respaldó uno de los especialistas que participó en el encuentro.
El acto lo convocó el Congreso de Puebla debido a que los 41 diputados que lo integran abrogaron la Ley Bala el mes pasado y tienen la responsabilidad de diseñar un nuevo marco normativo.
En entrevista, Gabriel Biestro Medinilla, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, respaldó la propuesta de no expedir una legislación sustituta, pero aclaró que es un tema que todavía tiene que analizar el área jurídica del Poder Legislativo.
En el foro estuvieron presentes habitantes de la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan, víctimas de la represión del 7 de julio de 2014, quienes pidieron al gobernador Antonio Gali Fayad levantar el veto que impuso a la abrogación aprobada por el Congreso, al negarse a publicarla en el Periódico Oficial del Estado.
Las policías ya tienen protocolos, falta capacitación: Karam
Para Adolfo Karam Beltrán, ex subsecretario de Seguridad Pública y ex jefe de la Policía Estatal, la Ley Bala nació en 2014 con el único propósito de reprimir a las voces discordantes del sexenio morenovallista.
Ante la disyuntiva de emitir una nueva ley o dejar al estado sin una normativa, Karam consideró que no es necesario legislar el uso de la fuerza pública, debido a que los elementos policiacos ya cuentan con protocolos que rige su actuación.
Lo que falta en Puebla, expuso el ex subsecretario, es capacitar a los elementos policiacos en materia de restablecimiento del orden público para que sepan actuar ante las concentraciones.
De no avanzar en capacitación alertó que el estado seguirá viviendo episodios como la represión de Chalchihuapan del 7 de julio de 2014, en la que armas clasificadas como “no letales” por la Ley Bala provocaron la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo y dejaron heridos de gravedad por su mala utilización.
Se tiene que regular la fuerza ante ilícitos, no contra manifestantes: Quezada
A su vez, la ex diputada del PRD Socorro Quezada Tiempo reprobó que el actual gobernador Antonio Gali Fayad vetara la abrogación de la Ley Bala para forzar al Congreso a emitir una regulación nueva, porque dicha normativa nació con vicios de origen.
Explicó que las entidades federativas del país, incluida Puebla, justificaron la emisión de leyes que regulan el uso de la fuerza pública en una recomendación de la ONU emitida en 2013, en la que sugiere a México legislar el tema de conformidad con principios internacionales.
“Naciones Unidas pidió regular el uso de la fuerza con delincuentes, pero en México la reglamentación se ha dirigido a manifestaciones, para poder combatir a la oposición”, alertó.
Socorro Quezada sugirió regular exclusivamente el uso de la fuerza en el combate a ilícitos para lo cual dijo que solo es necesaria una reforma a la Ley de Seguridad Pública del estado.
Un error, regular manifestaciones en vez de mandos policiacos: Robles
En el foro también estuvo presente el defensor de Derechos Humanos Jesús Robles Maloof, quien consideró un error los intentos de los estados y el país de regular las manifestaciones en vez de centrarse en la actuación de los mandos policiacos.
“Tenemos que escuchar a los policías, porque muchas veces ellos son obligados a acatar órdenes ilegítimas de sus superiores”, arguyó.
En tanto, el director Ejecutivo Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla (CCSJ), Alejandro Espriú Guerra, señaló que el problema de la regulación vigente en las 32 entidades federativas del país es que no se pegan en su totalidad a los derechos humanos.
“Siendo un tema tan importante para el actuar de la policía y el mantenimiento del orden democrático es increíble que hoy en día, en 2018, la mitad de las instituciones a nivel estatal no cuenten con la regulación para poder hacer uso efectivo de dicho poder”, sostuvo.