Ayer y ante el inicio de la temporada de incendios forestales, el gobierno estatal anunció la entrada en vigor de la Guardia Forestal, la Policía Estatal Forestal y el “Plan Puebla” en el estado, con el objetivo de prevenir, detectar y combatir incendios, así como frenar la tala clandestina en las principales zonas boscosas de la entidad. Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla, presentó oficialmente a este grupo multidisciplinario, conformado por 140 agentes especializados, cuya formación y equipamiento representaron una inversión de 120 millones de pesos.
Además de hacer un llamado a la sociedad a denunciar la tala clandestina u otra actividad atentatoria del medio ambiente, lo cual, en la práctica resulta complicado para los habitantes de las zonas afectadas, por la beligerancia de estos grupos. Aunque existen organizaciones en defensa de los bosques y la protección de los ecosistemas, junto con investigaciones y diagnósticos que han documentado la existencia de esas prácticas.
Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente, Rebeca Bañuelos Guadarrama, explicó que la estrategia de la Guardia y Policía Forestales se basará en tres ejes fundamentales: la prevención y vigilancia para reducir los riesgos de incendios y tala ilegal; la coordinación interinstitucional con distintas dependencias para una respuesta eficiente, y la participación social y educación ambiental para fomentar el cuidado del entorno natural.
El llamado “Plan Puebla” tiene como base la coordinación de los efectivos estatales y municipales de seguridad pública, de protección civil y ambiental, así como los cuerpos de emergencia. La iniciativa implica, en el marco de las políticas federales, trabajar en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, mientras que en lo ambiental a nivel estatal la Secretaría de Medio Ambiente, la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, así como los presidentes municipales, sus juntas auxiliares y los representantes de los ejidos, serán los más directos involucrados.
Esta acción tiene grandes desafíos, porque además de la tala clandestina, que ha implicado graves procesos de deforestación por parte de grupos delictivos, existen otros que controlan esas zonas para otro tipo de ilícitos. En materia de incendios forestales, las comunidades, ejidatarios y comuneros son fundamentales para la prevención en los territorios. Insistir en erradicar o disminuir las prácticas de quemas agrícolas y residuos que pueden salirse de control cobra mayor relevancia en tiempos de sequía y altas temperaturas, a la par de fortalecer y apoyar prácticas agroecológicas. Preservar las zonas forestales implica también frenar la expansión inmobiliaria sobre las mismas, mucho más en las que ya se han decretado como Áreas Naturales Protegidas.