Grupos de choque, presuntamente identificados con el juez de paz, Juan Pérez, fracasaron en su intento de impedir la ratificación por tres años más del Comité de Agua de La Resurrección que logró cubrir un adeudo de 300 mil pesos que le heredaron los anteriores integrantes.
Desde el sábado por la noche el grupo identificado con el juez de paz y el anterior comité convocó a una asamblea en el zócalo de la junta auxiliar con la intención de imponer a nuevos integrantes.
Por esta razón el actual organismo encabezado por Floriberto Zapotitla Potrero cambió al pozo dos la sede para realizar su tercer informe de actividades, asamblea en la que la población los ratificó, pese a que sus opositores intentaron realizar la votación alterna.
También enviaron personas a provocar a los integrantes del comité en el pozo dos pero la población no permitió que la asamblea fuera reventada.
En medio de la votación otro de los grupos de choque cerró la válvula de un pozo ubicado en la población con la intensión de sabotear el abastecimiento del agua.
Tras su ratificación Floriberto Zapotitla afirmó que detrás del juez de paz se encuentra el grupo que tuvo el control del comité durante 12 años y dejó un adeudo de 300 mil pesos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Sostuvo además que ese grupo político se pretende hacer del control del agua de nueva cuenta para alcanzar dos objetivos: sacar beneficio económico de las cuotas y lucrar políticamente con el suministro a cambio de votos para algún candidato en la elección de este año.
Argumentó que durante los tres años que su comité ha estado al frente del suministro del servicio han sufrido amenazas y sus opositores han intentado sabotear el servicio cortando la red, cables de alta tensión que alimentan los pozos de energía y aventando perros muertos a los pozos para contaminar el agua.
Subrayó que esta es la primera gestión que presenta públicamente sus finanzas en números negros, lo que convenció a los vecinos de votar para que permanezca en operación durante los próximos años.
Agregó que ven un riesgo de desfalco pero también de privatización del agua en la comunidad si regresan los anteriores integrantes del comité.
Subrayó que los actuales integrantes lograron pagar el adeudo con CFE a través de un esquema de regularización de pagos atrasados, lo que además les permitió cerrar en números negros durante tres años seguidos.
Indicó que esta estrategia la pudieron lograr con mecanismos propios y sin el apoyo del ayuntamiento de la ciudad de Puebla o de otras instancias, pese a solicitar su respaldo.
Recordó que el cobro de la cuota mensual es de 90 pesos mensuales, que la propia comunidad aprobó como una cantidad que no pusiera en riesgo sus finanzas.
Cabe recordar que el año pasado, tras pagar el adeudo por 13 millones de pesos que dejó sin agua a la población por más de un año, el ayuntamiento de la ciudad de Puebla sustituyó al comité ciudadano en la junta auxiliar de San Miguel Canoa por una asociación civil que tiene reconocimiento ante el gobierno municipal, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la cual hoy opera el suministro en la población, según reveló Myriam Arabian Couttolenc, secretaria de Medio Ambiente en Puebla capital.
