La empresa Grupo Proyecta taló de manera ilegal 87 hectáreas en la zona de uso común del ejido de Santiago Coltzingo, población perteneciente al municipio de Santa Clara Ocoyucan, cuyo territorio colinda con la junta auxiliar de Santa María Malacatepec, en las que la firma pretende edificar el proyecto inmobiliario de lujo, City Lomas Ocoyucan, reveló Miguel Ángel López Soriano, expresidente del comisariado ejidal.  

En entrevista con La Jornada de Oriente, López Soriano reveló que en 2015 –tal como sucedió en Malacatepec– Rafael Posada Alonso y sus familiares fueron reconocidos como “avecindados” de Santiago Coltzingo y en una asamblea irregular efectuada el 21 de septiembre de ese año se aprobó la adquisición de 87 hectáreas por parte de estos empresarios, a pesar de que está prohibida la venta de las zonas de uso común de cualquier ejido, según lo que establece la Ley Agraria.  

Manifestó que originalmente el entonces presidente del comisariado ejidal, Carlos Elías Zacaula, “había acordado la venta” con la empresa de 80, de un total de 200 hectáreas que componen la zona de uso común en el ejido, sin embargo al final le “regaló” a Grupo Proyecta siete hectáreas de más por “si no se habían medido correctamente”. 

Es decir, a través de este procedimiento fraudulento le cedieron a Grupo Proyecta el 40 por ciento de las hectáreas que conforman la zona de uso común.  

Sostuvo que días después de la asamblea, maquinaria pesada arrasó con miles de encinos, chaparros, magueyes y pasto que había en dicha extensión territorial, provocando un severo daño ambiental en un cerro, cercano a los que se encuentran en Santa María Malacatepec, pero independiente a estos. 

Después de eso, López Soriano y otros cinco ejidatarios más emprendieron un juicio ante el Tribunal Agrario número 47 para buscar la nulidad de la venta de la zona de uso común, y una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). 

Tras un largo juicio, Benjamín Arellano Navarro, magistrado del Tribunal Agrario Número 47, determinó en el expediente 637/2015 “la nulidad del acto de asamblea celebrada en el ejido de Santiago Coltzingo el 28 de septiembre de 2015, así como su inscripción al Registro Agrario Nacional”. 

Lo anterior implicó la nulidad de la aceptación como “avecindados” del empresario Rafael Posada Alonso, de sus familiares María Elena Asunción Posada Cueto, Alejandro Posada Cueto, Gabriel Posada Cueto, Rafael Posada Cueto, Jaime Valdéz Posada, Miguel Quiroz Magallanes y Carlos Luis Bernal Verea. 

El juez también determinó la cancelación de los certificados parcelarios que fueron expedidos a favor de los demandados y de igual forma se declaró la nulidad de la asignación de parcelas a favor de tales personas físicas y como consecuencia se declaró la “nulidad de todo acto en la asamblea que tuvo por objeto la modificación de planos de las tierras de uso común en el ejido”. 

Cabe recordar que la inmobiliaria Grupo Proyecta, dueña de Lomas de Angelópolis, uno de los fraccionamientos más grandes y de lujo de Puebla, pretende talar alrededor de 300 mil árboles en un área de 273 hectáreas en Santa María Malacatepec, municipio de Santa Clara Ocoyucan, conurbado a la capital del estado, para la construcción del proyecto City Lomas Ocoyucan, según se desprende del llamado Master Plan 2022, elaborado por la misma empresa.  

Atentado y amenazas contra ejidatario

López Soriano narró que sufrió un atentado después de haber promovido el juicio de nulidad ante el Tribunal Agrario Número 47. 

Sostuvo que se encontraba en el campo junto a uno de sus hijos cuando hombres armados le dispararon desde un vehículo en movimiento, por lo que ambos se tiraron al piso y salió ileso.  

Sin embargo, entendió que se trató de una amenaza por haber emprendido acciones legales en contra de la venta ilegal del ejido. 

Profepa y Semarnat colocaron sellos de clausura

Tras la denuncia del expresidente del Comisariado Ejidal, la Semarnat y Profepa colocaron sellos de clausura para evitar un daño ambiental mayor. 

Pese a ello, en semanas recientes llegó al lugar maquinaria pesada con la intención de emparejar los terrenos en la zona y seguir con la construcción del desarrollo inmobiliario de lujo.  

Sin embargo, el ejidatario presentó copias de la sentencia del Tribunal Agrario número 47, por lo que la maquinaria se retiró del lugar.