Jueves, mayo 23, 2024

Grupo armado despoja de terreno de 200 hectáreas a propietarios de San José Zetina para lotificarlo y venderlo

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Un grupo de por lo menos 50 personas armadas en el sur de la ciudad de Puebla, que responde a las órdenes de una mujer que se hace llamar “María Félix”, despojan de terrenos a propietarios para después venderlos como lotes rústicos.

Lucio Gabriel Flores Escalona denunció públicamente y por la vía penal cómo ocurrió uno de estos despojos, del que él y otros 10 propietarios de 190 hectáreas fueron objeto en la población de San José Zetina, perteneciente a Puebla capital.

En entrevista con La Jornada de Oriente, Flores Escalona reveló que Félix Escalona Martínez, alias “María Félix”, sin contar con escrituras ha vendido desde 2012 de manera ilegal fracciones de las 199.5 hectáreas en disputa y ha timado a decenas de compradores a quienes “les dio posesión” a cambio de mil pesos de enganche y mensualidades de 500 y hasta mil pesos.

Amedrenta a propietarios con pistoleros

Lucio Flores enfatizó que es mentira que “María Félix” sea dueña de las tierras, como argumenta a las personas que desde hace años le “compran” estos terrenos.

De ahí que él y los demás propietarios hayan decidido denunciarla penalmente para que cesen los atropellos, la intimidación y las amenazas de quien reconoció que es familiar suya.

“Está rodeada por unos 50 pistoleros. En varias ocasiones hemos llamado a la fuerza pública para que nos apoye, pero los policías terminan defendiéndola a ella”, acotó el poblador, quien supone hay un acuerdo de “María Félix” con los agentes.

Incluso refirió que policías municipales y estatales han sido favorecidos con la entrega de estos predios, lo que justificaría que la defiendan y no desarmen a su grupo de choque.

Fraude por venta de terrenos ya provocó enfrentamientos

Flores Escalona confirmó lo publicado en abril pasado por este medio de comunicación en el sentido de que el fraude cometido por Félix Escalona ha provocado una rebelión de las familias que se sienten timadas y han recurrido a la vía legal para denunciar el fraude, en tanto que se han agrupado en torno a un señor de nombre Zenón.

Dicho malestar llegó a oídos de los invasores de los terrenos quienes, en una confrontación con los inconformes registrada ese mismo mes que dejó como saldo varios heridos, quisieron demostrar que todo es legal y que se utilizan correctamente las aportaciones mensuales.

Para ello, llevaron un camión particular para intentar instalar cuatro postes de luz y fingir que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya estaba haciendo el tendido para dotar a la colonia de alumbrado público.

La colocación de estos postes de igual forma causó molestia a los verdaderos propietarios de los terrenos vendidos, debido a que les impide el libre tránsito por las calles.

Los invasores también buscaron apoderarse de un pozo comunitario, que abastece de agua a varias colonias de la zona, para querer demostrar que el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla les había entregado en custodia la instalación hidráulica.

Las familias que ya se rebelaron no creyeron ninguna de las dos situaciones y por eso, el domingo anterior, se organizaron para impedir que un grupo de golpeadores, enviados por los supuestos invasores, tomara el control del pozo de agua.

Los dos bandos llegaron armados con machetes, tubos y palos. Luego de mucho tiempo de discusiones y provocaciones, finalmente se desató un enfrentamiento, que pudo ser frenado porque la facción del señor Zenón llamó a la Policía Estatal y pudo llegar un comando de disuasión que frenó la reyerta.

Ante las evidencias de violencia, Lucio Flores confió en que la justicia local les haga caso, pues destacó que los 11 legítimos propietarios son personas de paz que pese a las provocaciones no han respondido en contra de Félix Escalona.

Enfatizó que las autoridades correspondientes conocen del conflicto sin que hayan hecho alguna acción para resolverlo.

Desde hace décadas se quieren quedar con las tierras

Flores afirmó que desde hace décadas Juan Escalona Cordero, abuelo de “María Félix”, y posteriormente el padre de esta, han intentado hacerse de sus terrenos a través de diferentes vías, las cuales van desde la invasión hasta procesos legales promovidos ante el tribunal agrario número 47, juzgados locales y federales, pero en todos los casos se han emitido sentencias a favor de los propietarios.

Uno de estos es el expediente 325/2003 resuelto en Tribunal Agrario 47, en el que se emitió una sentencia en la que se obliga a los promoventes a “respetar la posesión de los predios que detentan los demandados”, es decir Flores Escalona y los otros diez propietarios, debido a que han demostrado ser los legítimos propietarios”.

Previamente en el juicio 481 el juez Cuarto de lo Civil resolvió en el año 1981 que los demandantes, encabezados por Juan Escalona “no comprobaron que los predios en cuestión se trataran de una zona comunal y ejido”.

“Juan Escalona primero argumentó que las tierras se trataban de bienes comunales pero en el archivo general de la República Mexicana no existía un documento comunal. Después lo tramitó como extensión de ejido pero en el juicio 481/81 no pudo demostrar sus dichos”, indicó.

Adicionalmente, mostró la escritura volumen número 83, instrumento 4166, fechada el 29 de julio de 1986, en la notaría número 21 de la ciudad de Puebla que lo avala a él y a las otras 10 personas como legítimo propietario.

Subrayó que hay una resolución presidencial en la que se asentó que en siete kilómetros a la redonda en San José Zetina no existen terrenos para afectar a favor del ejido de San Andrés Azumiatla, lo que le da una protección adicional a las propiedades.

El último intento legal para apoderarse de los predios se emprendió a través de un juicio de amparo en el cual se buscó la nulidad de las escrituras, sin embargo un juez federal determinó que “eran inoperantes e infundados los agravios expuestos por los promoventes”.

Al respecto, Lucio Gabriel Flores afirmó que tras las intentonas de sus antecesores, Félix Escalona “María Félix” siguió con la pelea ilegal de esas tierras para lo cual primero intentó pagar el impuesto predial al ayuntamiento capitalino, y luego de que no la reconocieron como propietaria optó por la invasión y venta de los predios que no son suyos.

Venden lotes despojados como predios rústicos

Flores Escalona subrayó que lo que busca con la más reciente denuncia por despojo es que las aproximadamente 60 personas a las que “María Félix” le vendió los predios y que han construido viviendas sean desalojadas.

Se estima que unas 60 familias –a lo largo de varios años– adquirieron predios y construyeron habitaciones rudimentarias, algunas con materiales improvisados.

Sin embargo, las personas afectadas no tardaron en darse cuenta que los predios son producto de una invasión y quienes les vendieron, no son los propietarios, lo que trae como consecuencia que no hayan podido escriturar, y por lo tanto tampoco han podido tener los servicios públicos, incluyendo el alumbrado.

Congreso elevó penas por invasiones

El pasado 20 de octubre, el Congreso del estado, a propuesta del exgobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, aprobó una reforma al Código Penal del estado que establece de cuatro a 10 años de prisión y multa de doscientas hasta quinientas unidades de actualización -equivalentes a 20 mil 748 y 51 mil 870 pesos, respectivamente- a quienes instiguen, dirijan o se beneficien de la conformación de un asentamiento humano irregular o promuevan un fraccionamiento irregular.

La pena también se aplica en contra de funcionarios públicos que realicen actos u omisiones para alentar, autorizar, aprobar, otorgar, conceder y/o permitir la fundación de asentamientos humanos irregulares y/o en los derechos de vía de infraestructura energética, comunicaciones o zonas de riesgo donde exista la probabilidad de que se produzca un daño por considerarse no aptas para vivienda por los Planes y Programas de Desarrollo Urbano respectivos.

El artículo 199 Quater subraya que la pena de prisión se incrementará hasta en una mitad más, es decir, hasta 20 años de prisión, cuando las conductas previstas “se realicen sobre áreas naturales protegidas o de preservación ecológica, en zonas no consideradas aptas para vivienda o en las que exista la probabilidad de que se produzca un daño por considerarse no aptas para vivienda por los planes y programas de desarrollo urbano”.

También se realizaron reformas al artículo 111 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla en la que se establece que los ayuntamientos en el estado están obligados a dar aviso a la autoridad competente para denunciar el asentamiento humano irregular y, en su caso, determinar las acciones correspondientes.

En el artículo 166 de este ordenamiento se establece que “la existencia de asentamientos humanos irregulares o la gestión de estos deberán ser denunciados ante el gobierno del estado o los ayuntamientos por cualquier persona, a efecto de que dichas autoridades procedan las coordinar acciones administrativas y promover las acciones legales ante las autoridades competentes”.

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