En el zócalo de Puebla, Renato Romero y Moisés Moratilla, líderes del Movimiento de Defensa del Agua de la Cuenca Libres–Oriental, denunciaron a tres funcionarios de gobierno por amenazarlos de desaparecerlos y de reactivar carpetas penales si no se frenaban las protestas contra Granjas Carroll. Como dimos a conocer ayer, ocho campesinos tendrán que comparecer el miércoles 7 de agosto en la Fiscalía de Oriental para atender un citatorio “a una sesión de mediación respecto del procedimiento alternativo como solución a una controversia de naturaleza penal”, atendiendo a la denuncia presentada por la trasnacional.
Como hemos señalado con anterioridad, Granjas Carroll constituye un agravio para los campesinos y las comunidades de la cuenca que han demandado por años agua para sus actividades frente al acaparamiento de la trasnacional, que ha gozado de la protección de las autoridades de los diversos ámbitos de gobierno, a pesar de las denuncias que los pobladores y agricultores han realizado no solo por el agua, sino por la contaminación provocada.
La expansión del complejo agroindustrial porcícola ha implicado otorgarles nuevas concesiones; por ejemplo, en los últimos cuatro años, duplicó su consumo de agua subterránea en Puebla, de acuerdo con los últimos cinco títulos de concesión otorgados por la Dirección de la Conagua local.
En la actualidad, la empresa tiene entre Puebla y Veracruz, según el Repda, 23 títulos de concesión, 14 en Puebla y 9 en Veracruz, que le permiten extraer un total de 3 millones 801 mil 044 metros cúbicos de agua, cifra que confirma el alto consumo que requiere para mantener las actividades del complejo agroindustrial y soportar incluso una mayor expansión, mientras los campesinos no tienen agua para regar sus parcelas.
Además, la cuenca ya está sobrexplotada no solo por la actividad porcícola, sino por el conjunto de actividades agroindustriales asentadas en la región, aunque ello no parece preocupar a las autoridades que tienen en sus manos el otorgamiento de las concesiones, más allá de los pozos ilegales no registrados que puedan existir, lo que augura a futuro un escenario más complejo y conflictivo en la disputa por el agua.
En lugar de buscar criminalizar y acallar las legítimas protestas de los defensores del agua en la Cuenca de Libres–Oriental, las autoridades deberían estar buscando cómo regular las actividades con la finalidad de preservar los recursos hídricos y ambientales de la zona.