Además de haber invertido en Accendo Banco, que tenía antecedentes de quiebra, el gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta, obró con negligencia, pues a diferencia de las administraciones de la Ciudad de México y Chihuahua, que lograron sacar su dinero de esa institución crediticia días antes antes de que volviera a incurrir en quebranto, el Poder Ejecutivo poblano no hizo ningún movimiento.
La administración capitalina que encabeza la morenista Claudia Sheinbaum Pardo tenía invertidos 171.4 millones de pesos en Accendo Banco, los cuales retiró el 19 de septiembre de 2021, 9 días antes de que se anunciara la revocación de licencia de esa institución por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
También el gobierno de Chihuahua, a cargo de la panista Maru Campos Galván, retiró el 8 de septiembre de 2021, de Accendo Banco, 700 millones de pesos que tenía depositados en esa institución que sería declarada en insolvencia el día 28 del mismo mes.
Pero el gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta, quien se jactaba de tener una administración eficiente, austera, con ahorros y un manejo escrupuloso de las finanzas públicas, no atisbó que la quiebra de Accendo Banco era inminente y dejó ahí 604 millones 996 mil 137.1 pesos
En una entrevista publicada el viernes pasado en La Jornada de Oriente, el doctor en Finanzas Públicas Eudoxio Morales Flores ha anticipado que el litigio para recuperar ese dinero para las arcas poblanas será largo y tortuoso, lo cual es muy seguro, si se considera que el gobierno de Puebla ostenta el turno 219, en el cuarto grupo de prelación de los cinco en que se organizan los acreedores del banco Accendo.
El juicio podría llegar a durar hasta siete años, según lo estimó a finales de enero del presente año, Ávaro Bardales Ramírez, titular de la Secretaría de Contraloría de Hidalgo, otro gobierno que, al igual que el de Barbosa en Puebla, tardó en reaccionar y no logró sacar de Accendo Banco 800 millones de pesos que tenía ahí invertidos.
Otro gobierno que se vio lento, con Accendo Banco fue el de Cuitláhuac García Jiménez, en Veracruz, que invirtió 300 millones de pesos y no los retiró a tiempo, por lo que ahora también tiene que litigar su recuperación.