José Luis Góngora Calvario, presidente de la Asociación de Verificadores Automotrices de Puebla, denunció que la convocatoria de licitación del servicio que publicó el pasado jueves el gobierno del estado para otorgar la nueva concesión de los establecimientos está elaborada “amañadamente” para bloquear a los empresarios locales y monopolizarlo “a un grupo de empresarios”.
Al respecto, dijo que las cláusulas del documento oficial están hechas para favorecer a compañías del Distrito Federal, en particular a dos empresarios, cuyo apellido corresponde a Quintana y las empresas de Jorge Kahwagi Macari, primo de José Cabalán Macari, secretario de Infraestructura.
Góngora Calvario dijo que el oficio que expidió el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (SDRSOT) esta “hecho a modo” para que empresarios locales no “tengan oportunidad de ganar la licitación”.
En rueda de prensa, acompañado de los miembros de la Asociación de Verificadores Automotrices de Puebla, Carlos Corona, José Maldonado García, Manuel Garay y Luis Lara, Góngora señaló que de marzo a junio de este año la dependencia estatal “los borró del mapa” con el objetivo de monopolizar el servicio a firmas foráneas.
También recordó que los 85 verificentros de la entidad están clausurados de manera ilegal, violatoria a los derechos humanos y sin fundamento, con el propósito de que no se puedan ingresar en ellas y modificarlas con las normativas que demanda la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came).
Por ello, acusó al gobierno estatal de que por medio de “artimañas” les arrebataran su único patrimonio, debido a que la SDRSOT ha argumentado falsamente que los requerimientos federales demandan suspender el servicio de verificación vehicular. Sin embargo, en la Ciudad de México sus homólogos operan con normalidad.
Si bien dijo que la homologación de los centros de verificación se apega a los lineamientos de Came, durante un análisis a la misma, agregó Góngora, no existe algún apartado en el que se indique la “licitación” sea una condición.
Presentando diversos documento hemerográficos, el empresario informó que la homologación de los establecimientos corresponden al “software y holograma”, pero no se exige la adquisición de nuevo equipo, como lo marca la convocatoria de la administración de Moreno Valle.
Carlos Corona explicó que cada empresario que desee concursar en la licitación tendrá que hacer una inversión millonaria superior a los 7 millones de pesos; por ejemplo, para tener cuatro líneas de verificación se tendrá que destinar 850 mil pesos por cada una. Mientras que para la compra de dinamómetros, otorgar un presupuesto de 23 mil dólares.
El empresario, cuyo negocio clausurado se ubica en San Baltazar Campeche, dijo que tiene toda la tecnología para aprobar las demandas de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, pero que por los sellos oficiales les han negado ingresar a su negocio para atraer su equipo.
Al respecto recordó que existen al menos ocho amparos federales en proceso por la clausura injustificada de los centros de verificación. En dicho documento también se responsabiliza a la dependencia estatal por los robos y daños en el inmueble.
Durante su intervención, aclaró que hasta el momento la dependencia estatal no les ha presentado el catalogo de proveedores, quienes se encargan de distribuidor el equipo para analizar la emulsión de gases de los automóviles.
“Hay un plan para sacarnos de la jugada a nosotros, porque el secretario Mario Rincón habla con seguridad que funcionarán los centros de verificación, pero nunca nos ha mencionado a nosotros quiénes serán los distribuidores”, agregó.
Corona aseguró que desde abril se están construyendo dos centros de verificación en la capital, ubicados al final de la 16 Septiembre y en la zona limítrofe del Centro de Reinserción Social de San Miguel, mismos que tienen las características que establece la licitación.
También adelantó que la homologación de centros de verificación elevará su costo de 235 a 389, como actualmente demanda el Distrito Federal.
Acercamiento
con la Federación
Los miembros de la Asociación de Verificadores Automotrices de Puebla asistirán a la Ciudad de México para pedir la intervención del presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
Se prevé que la próxima semana los empresarios mantengan una reunión con el mandatario a quien le pedirán que se examine el uso de las normas de la Comisión Ambiental de la Megalópolis en el estado de Puebla, porque se han detectado diversas irregularidades.
Góngora Calvario explicó que la cancelación definitiva de los 85 centros de verificación vehicular de la entidad pone en riesgo el ingreso de 400 familias.
Además, dijo que expondrán que desde el 2008 se encuentran homologados a los lineamientos federales en las normas de Procedimiento de Revisión de Vehículos y el tipo de Tecnología para la Revisión, derivado de que en 2006 se creó la “Comisión Ambiental Metropolitana”.
“Como en California y México, Puebla tiene micro banca con sensores para aplicarlos. Tenemos conexión con internet para casos de corrupción. No nos hagamos tontos, desde hace años se aplica este modelo, quieren quitarnos la concesión a costa de lo que sea”, finalizó Góngora.