Pese a su impacto negativo, el gobierno federal retomó megaproyectos como la Termoelétrica de Huexca, con el gasoducto Morelos, y el gasoducto Tuxpan–Tula, que afecta al territorio de Puebla con el argumento del bono democrático, cuestionó Carlos Rodríguez Wallenius, investigador de la UAM, campus Xochimilco.
Durante su ponencia denominada “Actualidad de la defensa comunitaria del territorio frente a megaproyectos en México” el académico afirmó que la actual administración federal no tiene un modelo económico alternativo al de los megaproyectos sino que hay un interés en que estos se desarollen.
“Se observa que utilizan el bono democrático, esa ascendencia que tiene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tanto con empresarios como con comunidades para terminar obras que quedaron inconclusas”.
Manifestó que son cuestionables los métodos que usa la acutal administración federal para llevar a cabo estos megaproyectos, pues recordó que tanto en Puebla como en Morelos hay oposición al gasoducto y a la termoeléctrica.
“A pesar de los estudios uno de estos de la UAP que advirtió el riesgo de que el gasoducto pase a 30 kilómetros del cráter del volcán Popocatépetl. Se realizó una consulta para realizar el proyecto que es muy cuestionable”.
Recordó que el gasoducto Tuxpan–Tula pasará por los municipios poblanos de Tlacuilotepec y Pahuatlán, donde las comunidades se amparó para proteger un cerro.
“Estos proyectos estaban parados por conflictos sociales pero el gobierno de AMLO los reactivó aprovechando su bono democrático”.
Recordó que ambos representan impactos fuertes en las comunidades donde fueron planteadas.
“El cambio de régimen tiene también un interés de que se desarrollen para crecer económicamente. No vemos un modelo económico alternativo”, expuso en su charla con académicos y estudiantes de posgrado de diferentes universidades.
Agregó que en los últimos 15 años en México se contabilizan 570 conflictos socioterritoriales en todo el país en oposición a la construcción de autopistas, trenes, puertos, aeropuertos, hidroeléctricas, termoeléctricas, parques eólicos, subestaciones, redes de transmisión eléctricas, gasoductos, represas.
Al respecto subrayó que Puebla es un claro ejemplo de cómo privatizó el servicio de agua con la empresa Concesiones Integrales, a pesar de que es un bien común, lo que generó una oposición social.
Oposición social frenó hidroeléctricas en Puebla
El académico subrayó que la organización social para frenar la construcción de la presa Hidroeléctrica Puebla 1 y la Subestación eléctrica en Cuetzalan entre 2015 y 2017 son ejemplos a nivel nacional.
“Fue importante la movilización de los pobladores para echarlos atrás. Uno de los argumentos jurídicos fue que la subestación de Cuetzalan no estaba permitida dentro del ordenamiento territorial”, expuso.