El gobierno del estado de Puebla advirtió este jueves que aplicará la ley en los hechos violentos ocurridos la semana pasada en San Andrés Azumuatla, donde presuntos integrantes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre dieron muerte a un operador de la Ruta SR5 por la disputa del derrotero.
La medida fue dada a conocer por la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), a raíz de la manifestación que ayer efectuó la organización que desquició el tránsito vehicular en la Vía Atlixcáyotl, en protesta por el retiro de sus taxis y microbuses que operan en la ilegalidad.
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En un comunicado, la dependencia afirmó que se ha mantenido un canal de diálogo abierto con diversas organizaciones, incluyendo la 28 de Octubre, a fin de generar acuerdos en beneficio del orden y la seguridad para los usuarios del transporte público.
Resultado de estas mesas de trabajo, la dependencia informó que se lograron compromisos claros, los cuales la organización no respetó.
Como consecuencia de esta falta de cumplimiento, dijo que se derivaron hechos lamentables, incluyendo la pérdida de una vida en la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla.
La autoridad destacó que “es fundamental subrayar que no se está negando el derecho al trabajo a nadie”, que es la principal demanda de la 28 de Octubre; sin embargo, reveló que la organización “se encuentra bajo una investigación penal debido a su presunta participación en los actos violentos ocurridos en la Junta Auxiliar de San Andrés Azumiatla”.
Al respecto, la SMT aseveró que agotó todas las instancias de diálogo antes de aplicar la ley, con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad.
Argumentó que el operativo que se mantiene en la zona de Lomas de Angelópolis, con estricto apego a la ley, fue a petición de un sector de la población y de la alcalde de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle, “para detener la operación de grupos que representan un riesgo a la sociedad”.
Enfatizó que el gobierno del estado respeta el derecho a la manifestación pacífica, pero aclaró que “esta no puede ejercerse violentando los derechos de terceros ni generando condiciones de inseguridad para la ciudadanía”.
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Por lo tanto, la SMT sostuvo que mantiene su compromiso de actuar con responsabilidad y transparencia, de puertas abiertas al diálogo con quienes cumplen la ley.
El gobierno del estado dijo que salvaguarda el derecho de que las personas se trasladen de sus hogares a sus centros de estudio o de trabajo, por lo que se seguirá realizando operativos para que las unidades de transporte público cuenten con su documentación en regla y sean las que proporcionen este servicio a la ciudadanía.