Cuentan que en una de las últimas reuniones que Mario Marín Torres tuvo como gobernador –en las postrimerías de 2010– con los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la pasada legislatura les dijo que habría que reconocer que Rafael Moreno Valle Rosas había sabido derrotar al tricolor, que era un buen operador electoral, pero que lamentaba que “este muchacho” –en alusión el entonces candidato ganador de la contienda por la titularidad del Poder Ejecutivo– no va a saber combatir la pobreza y los problemas de Puebla.
Pese a que algunos de los presentes en la reunión tomaron con sorna el comentario de Mario Marín Torres, al final el pronóstico se cumplió, ya que de acuerdo con los datos duros y oficiales que han ofrecido organismo federales, que emplean metodologías utilizadas a lo largo de los tres últimos sexenios, el gobierno de Moreno Valle Rosas ha fracasado rotundamente en el combate a la pobreza y la crisis del agro; no puede frenar el aumento de la criminalidad en el estado y el crecimiento económico no es el que requiere la entidad, y no ofrece transparencia en el ejercicio del gasto público.
Tal situación plantea que si Moreno Valle no puede mejor las condiciones de bienestar de la población, garantizar un mejor desarrollo económico y combatir la delincuencia, enfrenta un “gobierno fallido”, cuya actuación está generando una severa crisis social en el estado, cuyo alcance será de largo plazo.
Los datos ofrecidos por el Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social de que en los dos últimos años unos 260 mil habitantes del estado engrosaron las filas de la pobreza, y que 3.8 millones de personas en la entidad no tienen las condiciones básicas para vivir, debería de alarmar a Moreno Valle y buscar un urgente viraje de 180 grados en su gobierno para intentar por lo menos frenar el ritmo de crecimiento de la marginación en territorio poblano.
Para que eso pudiera ocurrir la administración morenovallista tendría que realizar por lo menos tres labores básicas:
1. Dar un golpe de timón y cambiar la conformación de su gabinete, el cual actualmente está conformado por funcionarios que son buenos operadores electorales y son ajenos a las preocupaciones sociales y económicas del estado. Tendría que buscar incorporar a verdaderos especialistas en materia de desarrollo social y económico, en atención de los problemas del agro y de los pueblos indios.
Las recientes cifras de aumento de la pobreza en Puebla tienen una explicación multifactorial, pero un factor determinante es que en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) han pasado cinco titulares en menos de tres años, y ninguno de ellos pudo ejecutar un proyecto con una visión tendiente a reducir de manera afectiva la desigualdad social.
Quien tenía una mejor idea fue la primera secretaria, la panista Miriam Arabian Couttolenc, quien llegó al cargo con una importante experiencia en la aplicación de políticas de desarrollo social en el ámbito federal; sin embargo, nunca pudo actuar porque era una mujer que no se sometía a la política autoritaria de Moreno Valle Rosas y al poco tiempo de acceder al puesto empezó a enfrentar intrigas del grupo morenovallista, lo que la llevó a hartarse y renunciar.
Otro funcionario que podía haber tenido un buen desempeño fue Salvador Escobedo, quien dejó la dirección nacional del programa Oportunidades para poder tomar el control de la Sedeso, pero al final demostró su poco interés en el progreso del estado y prefirió ir a buscar una diputación al distrito de Atlixco, mucho antes de cumplir un año en el gabinete estatal.
Lo más deplorable es que hace unos días fue nombrado como nuevo titular de la Sedeso Mario Rincón –un ex priista que se volvió morenovallista en 2010–, quien tiene una larga fama de que en todos los cargos públicos en que ha estado, en gobiernos del PRI y del PAN, destaca por la mediocridad de su trabajo y porque su único talento es la intriga política. Ahora este personaje gris, que no tiene la preparación académica para el puesto, es el encargado de buscar alternativas para ayudar a más de 3.8 millones de poblanos sumidos en la pobreza o la marginación.
2. Se tiene que reactivar el Instituto de Medición y Evaluación de la Pobreza y la Marginación de Puebla, el cual se creó en el sexenio de Melquiades Morales Flores, y vaya ironía, fue la fracción del PAN la que exigió –por medio del entonces legislador Jorge Gutiérrez– que se creara dicho organismo para medir la eficiencia de las medidas destinadas a ayudar a la población más necesitada, y fue el actual gobierno panista el que determinó desaparecer esa instancia por considerarla incomoda.
Más allá de los aspectos políticos queda claro que si no se tiene un organismo oficial, profesional e independiente que mida el verdadero impacto de las políticas de desarrollo social, no se podrá nunca construir políticas públicas que en el mediano y largo plazo realmente puedan reducir la pobreza.
3. Un aspecto fundamental es cambiar radicalmente las prioridades de gasto del gobierno estatal, ya que la inversión en megaobras en la capital y los fondos destinados a cuidar la imagen de Rafael Moreno Valle son por varios tantos superiores a lo que el Poder Ejecutivo destina al desarrollo social y rural, así como en los pueblos indígenas.
Mientras en el sexenio anterior el promedio del gasto para el combate a la pobreza era de unos 700 millones anuales –que desde entonces ya era una cantidad no acorde a las necesidades de la población–, desde el año 2011 el promedio de esos fondos bajó a los 500 millones de pesos por año.
Veámoslo de esta manera: la administración morenovallista sin empacho se gastó 400 millones de pesos para construir un parque recreativo e instalar una rueda de la fortuna –que por cierto ya se descompuso– en la zona de Angelópolis, lo cual es un proyecto que no genera ningún beneficio social colectivo, y en cambio utiliza una cifra solamente 20 por ciento mayor para atender los problemas de pobreza de 3.8 millones de habitantes.
Tal situación plantea que a Rafael Moreno Valle Rosas no le interesan los pobres y que su única prioridad es ganar elecciones y buscar ser candidato presidencial en el año 2018, sin medir las consecuencias de sus acciones.