El gobierno del estado suspendió a quince empresas que prestan servicios de seguridad privada en Puebla, de un total de 256 registradas, por operar sin el permiso que otorga el gobierno estatal, informó María Antonieta Chagoya, secretaria ejecutiva de la Unidad Empresarial de Seguridad Privada y Conexos (Uespac).
En conferencia de prensa, Chagoya explicó que las compañías sancionadas solo contaban con permiso federal, lo cual no es suficiente para operar legalmente en el estado. El registro estatal, que puede costar hasta 63 mil pesos, exige requisitos adicionales como evaluaciones de control de confianza, verificación de antecedentes del personal, cumplimiento de protocolos de actuación y supervisión directa de las autoridades locales.
La falta de esta autorización representa una forma de competencia desleal, advirtió Luis Miguel Mendoza Reyes, representante de la organización, ya que eleva los costos para las empresas que sí cumplen con la normativa.
De acuerdo con la Ley de Seguridad Privada del Estado de Puebla, vigente desde su reforma en 2023, las empresas deben contar con registro estatal, aun cuando ya posean autorización federal emitida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Dicha disposición busca garantizar que todas las firmas cumplan con estándares locales en la gestión del personal, uso racional de la fuerza, licencias de armas, respeto a derechos humanos y capacitación continua. Operar sin este registro se considera una irregularidad administrativa que puede derivar en la revocación del permiso, sanciones económicas e incluso clausura de actividades.
Mientras que el permiso federal lo otorga la Dirección General de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y permite operar en todo el país, pero solo en servicios federales o en instalaciones que dependan del gobierno federal.
Por lo que para prestar servicios a empresas privadas, comercios, particulares o autoridades locales dentro de Puebla, se requiere una autorización específica del gobierno estatal, a través de su Dirección de Seguridad Privada
Sobre ello, la Uespac ha documentado casos en los que las empresas con permiso federal suelen eludir requisitos estatales, licencias municipales o salarios mínimos estipulados, evitando gastos a los que sí se comprometen compañías con el permiso estatal.
En otro tema, Chagoya señaló que la organización trabaja en un proyecto para reducir la jornada laboral de los guardias de seguridad a 40 horas semanales, en consonancia con la reforma federal que actualmente analiza el Congreso de la Unión.
Esta iniciativa busca modificar el Artículo 123 de la Constitución y reducir la jornada legal de 48 a 40 horas de forma progresiva hacia 2030, como parte de una estrategia nacional para dignificar el trabajo y mejorar la calidad de vida.
Actualmente, los agentes afiliados a la Unidad Empresarial laboran bajo turnos de 12×12 o 24×24 horas, con salarios que oscilan entre 10 mil y 12 mil pesos mensuales, aunque solo la mitad de las empresas afiliadas ofrece seguro de vida. Si bien cuentan con seguridad social, la intención es avanzar hacia mejores condiciones laborales, incluyendo tiempo libre suficiente, protección social completa y estabilidad profesional.
Finalmente, la organización hizo un llamado al gobierno estatal y a los municipios para implementar programas de capacitación formal, orientados a que los elementos de seguridad privada puedan coadyuvar en las estrategias de prevención del delito.
En particular, los representantes de la Unidad Empresarial destacaron su posible papel en la preservación de escenas del crimen, aplicación de primeros auxilios y coordinación con fuerzas públicas, conforme a lo establecido en la legislación vigente.
