Domingo, febrero 25, 2024

Gobierno de izquierda con leyes de derecha

“No habrá cambios,


ni aumento de impuestos”

Andrés Manuel López Obrador

 

Desde las campañas políticas presidenciales en 2018, donde resultó triunfante esta nueva administración pública, se sostuvo que una de sus máximas, una vez en la cabeza del gobierno, era darle la vuelta a la página del neoliberalismo. Por ende, las políticas públicas y las reformas legislativas iban a estar encaminadas a revolucionar el sistema jurídico mexicano; lo cual despertaba el interés, primero, de la ciudadanía, porque se abrían espacios a la esperanza y no al temor del futuro; segundo, de la academia, porque se mostraba como una interesante tarea y se esperaba conocer cómo se haría esa revolución jurídica que requiere el sistema; sin embargo, estamos por iniciar el segundo año de este gobierno y no se ha percibido ese cambio para dejar atrás el neoliberalismo. Posiblemente, el problema es que la actual administración pública desconoce qué se entiende esencialmente por “neoliberalismo” y cuál es el tipo de neoliberalismo que se pretende abolir. Pues poco se escucha en los medios respecto a si la propuesta es desterrar de la nación las doctrinas de los Von Mises, Von Hayek, Friedman o, bien, de Rustow, Ropke o Bohm. Por ende, si no se parte de la teoría, muy poco se puede hacer en la práctica.

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Prueba de ese intento frustrado, en pro de la ciudadanía y de la academia expectante, de combatir el neoliberalismo es la reforma al código fiscal de la Federación para 2020, en la que se implementó el numeral 5–A, que establece: “Los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y que generen un beneficio fiscal directo o indirecto tendrán los efectos fiscales que correspondan a los que se habrían realizado para la  obtención del beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente”.

Analizando mejor, es evidente que esa disposición proviene de la doctrina neoliberal impuesta en América latina, particularmente en Chile, país que, después del golpe de estado que se llevó a cabo contra Salvador Allende en 1973, se convirtió en el más neoliberal que existe en nuestra región. Por ello es que las marchas y manifestaciones de los últimos tiempos en aquel país versan sobre oponerse a ese sistema que ha provocado grandes problemas sociales y económicos; contra un sistema sustentado en disposiciones como el que corresponde a su código tributario, que reza: “Las obligaciones tributarias establecidas en las leyes que fijen los hechos imponibles, caerán y se harán exigibles con arreglo a la naturaleza jurídica de los hechos […]” (artículo 4° bis); y cuyo complemento (artículo 4 ter.) establece que “los hechos imponibles contenidos en las leyes tributarias no podrán ser eludidos mediante el abuso de las formas jurídicas”. De estos dos datos se desprende que la legislación mexicana para 2020 asumirá el mismo sistema tributario neoliberal de Chile, uno que recientemente ha colapsado, como se aprecia en los medios de comunicación; uno que ha provocado marchas y una violencia implementada por el propio gobierno en contra de sus ciudadanos.

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Si a esto abonamos que la propuesta de la actual administración pública es que no se modifiquen las tasas y regímenes impositivos, hay una muestra que el piso de este gobierno está cimentado con regulaciones neoliberales, que tiene como característica fundamental confundir la igualdad jurídica con el igualitarismo, pues se da el mismo tratamiento a una persona física del régimen de actividad empresarial que el que tiene una sociedad mercantil; o, bien, no existe un régimen intermedio en la ley del impuesto sobre la renta para las personas físicas o, en su caso, hay una complejidad tecnológica para los contribuyentes, personas físicas del régimen de incorporación fiscal, que son los que cuentan con menor capacidad económica; incluso, se da el mismo tratamiento a las personas morales, sin importar si se trata de grandes empresas, medianas o pequeñas.

Hay que recordar que el neoliberalismo tiene como filosofía (si se pudiera decir que cuenta con filosofía) que se protejan las grandes empresas, los monopolios, oligopolios y la globalización económica –los global players– imponiendo a las naciones que sus propias disposiciones jurídicas implementen tratamientos discriminatorios a las medianas y pequeñas empresas –las cuales, normalmente, son locales o regionales– para que no sean competencia de aquellas grandes corporaciones, y con ello, éstas puedan devorar los mercados de cualquier nación, región y localidad.

Esto, que es del conocimiento público, no se ha combatido en esta nueva administración pública. Lo peor es que se está homologando la legislación mexicana con la reforma fiscal de 2020 en pro del neoliberalismo que hoy combate la sociedad chilena, que lleva décadas asfixiada por sus políticas.


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