El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta aclaró que la presencia de elementos de la Guardia Nacional y de personal de la Fiscalía General del Estado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel será de manera temporal y forma parte de las estrategias para garantizar la seguridad y evitar malas prácticas dentro de ese inmueble, ante la inconformidad que han manifestado algunos reos por el cambio de directivos y los rumores de supuestos amagos de amotinamiento.
En esa lógica, el titular del Poder Ejecutivo manifestó que el gobierno estatal garantiza el respeto a los derechos humanos y la reinserción social de los internos; no obstante, llamó a las personas privadas de la libertad a mantener un comportamiento apegado a la legalidad.
Barbosa Huerta resaltó que en Puebla no hay un gobierno vinculado con grupos delictivos, por lo que refrendó su respaldo al nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública, así como a la directora del Cereso de San Miguel para que todo opere conforme a la ley:
“Nosotros como autoridad no vamos a permitir más manejos irregulares dentro de los penales; si grupos internos piensan que pueden presionar al gobierno, están equivocados”.
Agregó que, sin ceder a presiones de grupos delictivos y sin dudar, el gobierno del estado impulsa una nueva ruta para fortalecer la correcta operación de los Centros de Reinserción Social.
En la videoconferencia de este jueves, el mandatario expresó que su administración cumple con la ley y no permite que existan irregularidades al interior de los penales. Por ello, recalcó que, como gobernador, no duda en ejecutar acciones para evitar que delincuentes se apoderen de dichos espacios, además de sancionar a aquellos servidores públicos corrompidos por la delincuencia.
El cadáver del bebé Tadeo pudo ser ingresado al penal de San Miguel con el fin de generar un escándalo que provocara el cambio de los directivos de ese sitio, como parte de las pugnas internas que hay entre los grupos de internos por controlar el reclusorio.
Así lo apunta una de las versiones que corren entre las corporaciones de seguridad pública sobre el caso suscitado en dicho Centro de Reinserción Social (Cereso).
Esta semana corrió también otra hipótesis que apuntaba que el cuerpo del niño fue introducido al penal para ser entregado a uno de los internos que se dedica a realizar actividades relacionadas con la brujería.
De acuerdo con la primera versión, una mujer habría ingresado el cadáver del niño al reclusorio para que un grupo de internos lo dejaran en un lugar visible de forma intencional con el fin de que fuera encontrado y así generar un escándalo que provocara el cambio de los directivos.
Hay que recordar que el bebé fue encontrado el 10 de enero por uno de los internos que escarbaba en un bote de basura para encontrar material reciclable. Posteriormente y a raíz de una investigación que realizaron integrantes de agrupaciones defensoras de los niños, se conoció que el cadáver había sido robado de un panteón de la alcaldía de Iztapalapa.