El coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso local, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, consideró que las sanciones por el caso Chalchihuapan no son aplicables al secretario general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos no lo señala como responsable de la violencia.
La postura que asumió Giorgana sobre el tema es opuesta a la adoptada por el Comité Directivo Estatal (CDE) de su partido, que preside Ana Isabel Allende Cano, quien solicitó a la administración estatal la semana pasada ampliar el procedimiento sancionador contra el responsable de la política interna del estado.
En el informe de la CNDH se confirma que no hubo diálogo ni negociaciones con los habitantes de Chalchihuapan durante la manifestación del 9 de julio que reprimió la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), pese a que son tareas que le corresponden a la SGG.
Al ser cuestionado sobre el tema, el líder de la bancada priista manifestó su oposición con la postura adoptada por el Revolucionario Institucional al afirmar que Maldonado no fue señalado por la CNDH de manera directa.
A su parecer, las sanciones solo deben aplicarse al titular de la SSP, Facundo Rosas Rosas, y al procurador general de Justicia del estado, Víctor Carrancá Bourget, quienes tienen que ser removidos de su cargo.
Ratificó la advertencia que realizó la bancada tricolor el jueves pasado de que iniciará un proceso sancionador contra Rosas y Carrancá si la administración estatal no determina su defenestración.
“Vamos a darle un tiempo razonable (a la administración) sin fijar un periodo determinado; estamos seguros que el gobierno del estado, por la disposición que ha mostrado el Ejecutivo dará cumplimiento firme a las resoluciones”, expresó.
En relación a las acciones jurídicas que anunció la madre del niño asesinado por la policía estatal, José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, para que el gobernador enfrente un juicio político por la represión del 9 de julio, Giorgana dijo que la propuesta no se encuentra contemplada en el resolutivo de la CNDH.
Sin embargo, reconoció que los afectados tienen el derecho de recurrir a las instancias que consideren pertinentes por lo que les recomendó “proceder en consecuencia”.