En su afán de conseguir una posición política en 2018, a cualquier costa, Ángel Gerardo Islas Maldonado distrajo recursos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) y a dos de sus principales colaboradores para operar electoralmente, durante mes y medio, a favor de la campaña del PRI en el Estado de México, a nombre del Partido Nueva Alianza (Panal). Pero al mismo tiempo, en Puebla, el funcionario estatal busca refrendar que su lealtad está con el PAN.
Es decir, el secretario de la Sedeso busca por igual ganar influencia en el PRI o el PAN como una manera de garantizar una candidatura a diputado federal o senador en el año 2018, para lo cual echa mano de los recursos económicos y la estructura de la Secretaría de Desarrollo Social, la cual se destaca por funcionar únicamente en torno a los proyectos personales de su titular.
Aunque se buscó actuar con discreción, hacia el interior de la Sedeso es un secreto a voces que el subsecretario de Vivienda, Roberto Villarreal Vaylón, estuvo ausente mes y medio y que durante ese tiempo se instaló en el Estado de México para dirigir una parte de las estructuras del Panal –que en realidad son grupos de activistas surgidos del SNTE– para buscar votos en los comicios de esa entidad que se celebraron a principio de mes.
Todo el trabajo político de Villarreal estuvo dirigido a favor de Alfredo del Mazo Maza, el candidato del PRI, que ganó la contienda bajo acusaciones de una masiva compra de sufragios.
Villarreal Vaylón durante ese largo periodo solamente se le vio en Puebla un par de fines de semana y en general, todos los trámites a su cargo se dice que eran autorizados y firmados por su secretario privado, quien al parecer sabe reproducir fielmente la rúbrica de su jefe.
Un segundo funcionario que fue distraído de sus labores oficiales fue Luis G. Becerril Reynoso, quien es el director general de la Comisión Estatal de Vivienda en Puebla. Este servidor público auxilió a Roberto Villarreal Vaylón, pero al mismo tiempo le encargaron un grupo de municipios para sacar triunfos a favor del PRI.
Roberto Villarreal Vaylón es el brazo derecho de Islas en la Sedeso. Antes de llegar a esta dependencia fue encargado de despecho de la dirigencia estatal del Panal, el partido que dirigió Gerardo Islas en el sexenio del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.
Dicen los enterados que cuando se llegó a cuestionar a Islas de por qué había prescindido de tanto tiempo de un funcionario clave en su desempeño de secretario de Desarrollo Social, la respuesta habría sido categórica: fue una orden directa del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, quien ahora es aspirante a candidato presidencial del PAN.
Es decir, la actuación del equipo de Islas Maldonado en el Estado de México no fue consecuencia de la militancia del funcionario estatal en el Panal, sino fue resultado de la alianza secreta que existió entre Moreno Valle y el Grupo Atlacomulco –la facción priista de mayor poder en el país– para debilitar al PAN y garantizar el triunfo del Partido Revolucionario Institucional en esa entidad. El asunto ha sido tan evidente, que el ex gobernador de Puebla enfrenta fuertes cuestionamientos por su fingida lealtad al blanquiazul.
Algo que llama la atención, es que hace unos días se presentaron ante Islas un grupo de excolaboradores del que fue el gobierno del ex presidente Felipe Calderón y que se van a incorporar al Consejo Estatal de Desarrollo Social de Puebla. Posteriormente el titular de la Sedeso realizó una reunión, a la que tuvieron acceso varios funcionarios, en donde el secretario advirtió que la prioridad del trabajo de la dependencia a su cargo es garantizar un triunfo del PAN en el proceso electoral local del año 2018.
Es decir, Islas a todos les vende su supuesta lealtad política. Lo que se cuestiona es que ese activismo se apoya en el uso electoral de la Sedeso.
Policías ministeriales intentaron privar de su libertad a menor de 3 años
Un claro abuso de poder de la Policía Ministerial y de fallas del sistema de impartición de justicia se vivió en el Centro Histórico de Puebla, donde este martes se montó un aparatoso despliegue de agentes de esa corporación, que iban con armas largas y por lo menos seis patrullas, para ejecutar un arresto administrativo. Las personas que iban a ser privadas de su libertad no eran deudores, presuntos delincuentes o alguien que hubiera cometido alguna infracción, sino que se trataba de una mujer y su hijo de apenas tres años de edad que son víctimas de la violencia machista del progenitor de ese menor.
Se supone que las leyes protegen la integridad de los menores de edad, pero eso no le importó a los policías ministeriales, que apuntando sus armas, amenazando con romper los vidrios de la camioneta en que viajaba la señora y su hijo, lo cual provocó una severa crisis de pánico en el menor, que no entendía por qué un grupo de hombres mal encarados lo querían arrebatar de los brazos de su mamá. Esa situación se convirtió en una clara y directa violación a los derechos humanos de ese pequeño.
En un par de videos que se hicieron de la intercepción de la camioneta gris en que viajaba la señora Fernanda Palomares Pliego, se escucha a los agentes ministeriales decir que procede arrastrar el vehículo con una grúa para poderse llevar a la mujer y su hijo en caso de que no quisieran bajar voluntariamente del vehículo. Dicho de otra manera, los policías trataban a la madre y su pequeño como si fueran reses que había que someterlas a la fuerza o como si fueran peligrosos delincuentes.
Un arresto administrativo no justifica este despliegue policiaco y mucho menos la violencia verbal y física que utilizaron los agentes ministeriales. Si se hubiera concretado la detención, habría sido un acto abusivo de privación de la libertad. Eso no ocurrió por la oportuna intervención de directivos y personal del Instituto Poblano de la Mujer (IPM).
Para la mala suerte de los agentes de la Fiscalía General del Estado los hechos ocurrieron frente a las instalaciones del IPM, en donde su titular, Nadia Navarro, la doctora Edhalí Moreno y personal del área jurídica de ese organismo intervinieron y frenaron el abusivo operativo.
Al final alguien en la Fiscalía General del Estado actuó con sensatez y mandó a detener la acción de dichos policías.
Detrás de este asunto hay un grave problema de corrupción, que seguramente estuvo auspiciado por la defensa jurídica del padre del niño que iba a ser arrestado, ya que cuando ocurre un delito no llegan tantos policías ministeriales ni se mandan seis patrullas.
Queda claro que alguien repartió beneficios económicos para lograr que los policías persiguieran por varias calles y luego interceptaran el vehículo de los agraviados.
Como consecuencia de este abuso el menor tendrá una vida marcada por el episodio violento de los policías ministeriales. Vale la pena preguntarse: ¿Quién va a pagar por este daño psicológico?
Cartas de Eukid Castañón y de Mauro Nava
Respecto a lo que se publicó ayer en esta columna acerca del robo de documentos oficiales de la UAP, el diputado federal Eukid Castañón Herrera y Mauro Nava, ex funcionario del ayuntamiento de Puebla, enviaron las siguientes misivas:
Aurelio Fernández Fuentes
Director general de
La Jornada de Oriente
Respecto a la columna de Fermín Alejandro García publicada este día en el medio a su cargo, realizo los siguientes señalamientos:
*Es falso que me encuentre involucrado en la situación que se señala.
*Me resulta grave la acusación de la que se me hace responsable, ya que me perjudica de manera directa y pone en peligro mi integridad y la de mi familia.
*A partir del 15 de febrero del presente año dejé de prestar mis servicios en el ayuntamiento de Puebla, desde esa fecha me he dedicado exclusivamente a actividades personales y he retomado mi carrera profesional, por lo que estoy totalmente desligado del ámbito gubernamental.
Solicito la publicación de la presente misiva en los espacios que corresponda.
Puebla, Pue., a 20 de junio de 2017
Atentamente
Mauro Nava Rossano
Aurelio Fernández Fuentes
Director general de
La Jornada de Oriente
Con relación a la columna Cuitlatlán titulada “3 morenovallistas, sospechosos de ser los autores intelectuales del robo a la UAP”, escrita por Fermín Alejandro García y difundida por el medio a su cargo, me permito reiterar las siguientes aclaraciones:
*El diputado federal, Eukid Castañón Herrera niega terminantemente y por segunda ocasión los hechos que se le atribuyen en la información publicada, la cual es absolutamente falsa.
*Es lamentable que con información basada en dichos y trascendidos sin sustento alguno, se intente continuar dañando su nombre e imagen.
*A lo largo de su quehacer público y empresarial siempre ha actuado con completa honestidad e integridad.
Agradezco su atención a la presente y solicito la publicación de la misma en los espacios en los que se difundió la información.
Atentamente
Norma Patricia Corro Vázquez
Directora de Comunicación