Mujeres de origen ñha ñhú que integran el Consejo Xängü Yamui, defensoras de la Sierra de Hidalgo y Puebla, rechazaron la construcción del Gasoducto Tuxpan – Tula, a cargo de la empresa multinacional TransCánada y su filial en México Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, que pone en riesgo la vida, el agua y la tierra en 130 comunidades originarias.
Destacaron que tan sólo en la zona indígena del municipio de Pahuatlán intentan destruir más de 600 hectáreas del Bosque Mesófilo de Montaña, una reserva ecológica de la que sólo queda menos del 1 por ciento en México.
Pidieron al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas que sea el garante de sus derechos y sea respetada su decisión de no permitir el paso del Gasoducto Tuxpan-Tula en territorio poblano.
En rueda –sin mencionar sus nombres para evitar represalias- acusaron al alcalde de Pahuatlán, Arturo Hernández Santos, de amenazar a los pobladores a quienes confirmó que el gasoducto va a pasar por sus tierras porque cuenta con su autorización, sin una previa consulta a los pueblos.
Incluso, señalaron que el edil de extracción panista comentó que está por autorizar el cambio de uso de suelo para la instalación de la obra.
Por lo que demandaron a los gobiernos estatal y federal se respete la consulta a los pueblos indígenas, como marcan los tratados internacionales a los que se encuentra suscrito México.
Una de las mujeres dijo que en una reunión en Ahuacatitla, el alcalde Arturo Hernández informó a la población que “está a favor de la empresa y el gobierno, porque el gasoducto es la puerta de muchos proyectos por llegar a la comunidad, y yo no voy a hacer más que firmar a la empresa el cambio de uso de suelo”.
Mientras informó que en pueblo de Montellano la traza del gasoducto atravesará viviendas y terrenos que son propiedad de al menos 80 familias, quienes iniciaron una resistencia organizada contra el proyecto transnacional que procede del estado de Veracruz.
En el encuentro en Ahuacatitla, expuso que el presidente municipal dijo que la afectación a 80 familias en Montellano no representa nada, y que “el gasoducto pasa, porque pasa”.
En respuesta, relató que los lugareños le reclamaron que el gasoducto va afectar la flora y fauna endémica, como las orquídeas y los árboles de pesma que crecen a lo largo de 150 y 200 años.
El Gasoducto Tuxpan-Tula medirá 264 kilómetros y tendrá casi un metro de diámetro (36 pulgadas), con un derecho de servidumbre de 25 metros de cada lado. Pasarán diariamente 886 millones de pies cúbicos de gas durante 25 años.
“La empresa va a entrar a la mala para instalar el gasoducto”
Las mujeres dijeron que el alcalde de Pahuatlán se ha manejado con total opacidad, mintiendo a los habitantes “porque la empresa va a entrar a la mala, sin consultar a los pueblos”.
Asimismo no descartaron que la empresa TransCánada haya “comprado” al presidente municipal, pues es el primer opositor a que el pueblo luche por defender la vida, el agua y su vegetación.
Si la empresa quiere construir su gasoducto, porque no lo hace allá, en Canadá, pero no en nuestras tierras, reclamaron.
Expusieron que aún no se instala la tubería del gasoducto pero está la advertencia de iniciar su construcción para este mismo año.
El gasoducto acabará con la vida de los pueblos y agotará mantos acuíferos
Una de las jóvenes dio lectura al comunicado en el que informaron que el gasoducto forma parte del plan quinquenal de la Secretaría de Energía, y amenaza con afectar a pueblos asentados en los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo.
Expuso que de concretarse la instalación del gasoducto “generará consecuencias en cadena que van desde la alteración del clima y la vida de las comunidades, la contaminación y el agotamiento de mantos acuíferos que proporcionan agua a diversos pueblos”.
El ejemplo más significativo –citó- es el caso de San Pablito Pahuatlán, donde el paso de la obra atenta contra la cultura e identidad de esta comunidad conocida como la tierra del amate.
Denunció que sin autorización de los propietarios de las tierras, en la comunidad de Montellano, en Pahuatlán, personal de la empresa ha venido marcando el paso del gasoducto y sembrando tubos de concretos, con total desconocimiento y respeto por el territorio del pueblo ñha ñhú.
También culpó a los presidentes municipales de Tlacuilotepec, Alejandro Josué Guzmán García, y al de Honey, Cirilo López Santos, de actuar y comportarse como empleados de TransCánada, antes que como defensores y representantes de las comunidades que los eligió para velar por sus intereses.
Además –agregó- los trabajadores sacaron muestras de suelo para realizar sus estudios de factibilidad, ingresando a las propiedades sin permiso.
Ante lo expuesto, demandó que la empresa TransCánada informe a las comunidades de las obras que pretende realizar en sus tierras, y que dicha información se realice en su lengua nativa.
Dejó en claro que “los pueblos tienen todo el derecho de decir no a los planes del gobierno y la ambición de las empresas, cuando se pone en riesgo la vida, la salud y el ambiente”.
La operación de TransCánada ha generado movilizaciones contra el oleoducto Dakota Access, cuya construcción tiene un costo de 3 mil 800 millones de dólares y que enfrenta la oposición de la tribu sioux de Standing Rock, así como de integrantes de cientos de tribus de Estados Unidos y Canadá.