El exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, aseguró que durante su gestión al frente de la paraestatal no hubo ampliaciones ni ramales sobre el Gasoducto Morelos y dijo que ese criterio debe prevalecer para no alentar el aumento de la densidad poblacional en la zona de riesgo eruptivo del volcán Popocatépetl.
Durante la conferencia que el jueves de la semana pasada dictó en el Salón de Proyecciones del Edificio Carolino de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), a convocatoria de la organización Reflexión Ciudadana, Alejandra López, investigadora del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales de la máxima casa de estudios (Cupreder), le preguntó al ex funcionario federal cuál era el estado del transportador de combustible, el cual, a juicio del organismo no debió haberse construido en la zona de riesgo por erupción del volcán Popocatépetl.
Bartlett Díaz recordó que “el tema del gasoducto” le fue planteado por el Cupreder “hace seis años, cuando se estaba discutiendo el tema de los contratos con los gasoductos, se preocuparon mucho, y recuerdo que me dijeron que no querían que ese gasoducto se utilizara para industrializar una parte de Puebla que tiene otra vocación. Así se mantuvo y creo que así debe mantenerse”.
Luego, el también exgobernador de Puebla, manifestó: “Es un tema muy poblano que causó mucha refriega, personas en la cárcel. Se mantuvo aquello tranquilo, no han ampliado ese gasoducto y sé que si lo llegaran a ampliar, ustedes estarían dispuestos a decir que no lo hagan, porque así lo han planetario siempre”.
Cuando López le preguntó si la termoeléctrica de Huexca -a la cual abastece el Gasoducto Morelos– trabajaba bien, Manuel Bartlett contestó: “¡claro!, es una termoeléctrica muy moderna, en un lugar muy estratégico, produce muy buen gas, no genera ningún problema ecológico”.
El Proyecto Integral Morelos (PIM), emprendido en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, incluía la construcción de una termoeléctrica en Huexca, un gasoducto y otras infraestructuras, lo cual generó una fuerte oposición en las comunidades de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y centros de investigación como el Cupreder, que alertaron sobre el riesgo de que el transportado de gas tuviera ramales que provocaran el asentamiento de grupos humanos en la zona de mayor peligro por la erupción del volcán Popocatépetl.
El ambientalista Samir Flores Soberanes, junto con otros activistas y organizaciones sociales, denunció los graves impactos ambientales y sociales que tendría el PIM, como la contaminación de mantos acuíferos, la destrucción de ecosistemas y el desplazamiento de comunidades. Su asesinato, cmetido en 2019 y presuntamente relacionado con su activismo, desató una ola de indignación y movilizaciones en todo el país, poniendo en el centro del debate la defensa del territorio y los derechos humanos.
El gobierno federal organizó una consulta popular por el PIM, que fue criticada por los opositores y al final el proyecto gubernamental se consumó.