A pesar de haber 20 amparos vigentes en contra del megaproyecto, de los cuales 11 resolvieron suspensión de plano y uno más ordenó reponer la consulta libre, previa e informada a las comunidades de Atlixco -proceso que se encuentra interrumpido-, el gobierno federal inició este fin de semana pruebas para la operación de la termoeléctrica en la comunidad de Huexca, que puso en alerta a las comunidades de la región porque habilita de paso el gasoducto asentado en la zona de riesgo eruptivo del volcán Popocatépetl.
Se trata del Proyecto Integral Morelos (PIM), conformado por dos centrales termoeléctricas de ciclo combinado, un gasoducto y un acueducto, que fue concesionado para su construcción y operación por 30 años a las empresas italo-españolas: Elecnor, Enagás y Bonatti Spa.
Hace una década inició su instalación forzada durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, por la oposición de la mayoría de los 80 pueblos agraviados de los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, donde atraviesa de manera subterránea 160 kilómetros de tubería.
El “proyecto muerte” –como han bautizado sus opositores al PIM- transformará a estas comunidades de vocación agrícola en zonas industriales, como advirtieron desde el año 2011 cuando los pueblos decidieron organizarse para defender la tierra y el agua de las transnacionales, en una agobiante lucha legal que puso en prisión a tres de sus dirigentes sociales.
De manera consecutiva, del 1 al 5 de febrero pasado, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) inició pruebas en la termoeléctrica de Huexca que ha generado una tensión entre los lugareños porque temen que “en cualquier momento” se ponga en marcha el megaproyecto.
En resistencia, la población instaló un campamento frente a las instalaciones de la termoeléctrica, para vigilar e impedir su operatividad.
El pasado 3 de diciembre, trabajadores de la paraestatal terminaron de unir las conexiones en la termoeléctrica, y desde entonces se inició de manera vedada los intentos por echar a andar las turbinas.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala denunció que la CFE está poniendo en prueba tres torres de la termoeléctrica que alimentan las turbinas, pero debido a que utilizan aguas negras sin tratamiento, se han escuchado estruendos en la zona.
“La CFE está probando si funciona el agua residual a través de la técnica de rociado en piedras para activar los chacuacos de la termoeléctrica, pero esa misma agua que sale y se envía a los filtros de la turbina no está funcionando porque no está saneada; genera mucho humo y contaminación”, denunció la organización.
Ante ello, advirtió que se corre el riesgo del intento de desviar agua del río Cuautla para este fin, debido a que en la última semana la termoeléctrica utilizó al menos 30 pipas de agua diarias para hacer las pruebas.
“No hay infraestructura para tratar el agua que regresa de los chacuacos y que será utilizado para activar las turbinas”, informó el Frente de Pueblos, por lo que solicitó que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emita otra Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para este proceso.
El pasado 10 de septiembre de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el PIM funcionará en diciembre del mismo año, y afirmó que ya no existía ningún proceso legal vigente por lo que ya se podría empezar su funcionamiento.
El FPDTA-MPT emitió un comunicado informando que se interpusieron cuatro incidentes de violación a las suspensiones de amparo del PIM, contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, el director de la CFE, Manuel Barttlet, y la directora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Elena Jiménez Cisneros”, entre otros funcionarios.
El amparo 1185/2019 del ejido de Amilcingo sigue en etapa de desahogo de pruebas, al igual que los amparos 1180/2019 y 162/2020, que determinan que no se puede desviar el cauce del río Cuautla, y el 1823/2014, que también versa sobre la conservación del río.
En la actualidad, existe una suspensión definitiva de la obra en el tramo que cruza por las comunidades y ejidos de San Jerónimo Calera, Santa Lucía Cosamaloapan, San Isidro Huilotepec y San José el Recreo, del municipio de Atlixco, en el estado de Puebla.
Derivado de ello, el Cabildo de Atlixco anuló los permisos de construcción del gasoducto en la zona.