El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Penal determinó, a través del juicio indirecto número 869/2022-VIII-16, que fueron violados los derechos del exsecretario del Medio Ambiente, Francisco Castillo Montemayor, quien de manera injustificada estuvo en prisión durante 14 meses por oponerse al proyecto “Parque Flor del Bosque” que impulsó el exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas. 

Además, ordenó que sean llamados a declarar al exfiscal Víctor Carrancá Bourget y el expresidente del Tribunal Superior de Justicia, Roberto Flores Toledano, entre otros exservidores públicos involucrados en su encarcelamiento. 

El amparo se ganó hace un par de semanas y este domingo se dio a conocer que está por concluir el plazo del recurso de revisión que tienen los nueve exfuncionarios inculpados por el delito de tortura, para demostrar su inocencia. 

Entre los acusados que están siendo investigados se encuentran además del exfiscal y el expresidente del TSJ, el exsecretario de Desarrollo Rural y Ordenamiento Territorial, Rodrigo Riestra Piña, así como el agente del Ministerio Público, Roberto Armando Meneses Bonifaz, la jueza Idalia Arciniega Arias y Leonardo Jiménez Burgos. 

Los exfuncionarios fueron denunciados por incurrir presuntamente en los delitos de Abuso de autoridad, delitos cometidos en la administración de justicia y en otros ramos del Poder Público, además de tráfico de influencia. 

Castillo Montemayor ofreció este domingo una rueda de prensa en el centro de la capital poblana, con el respaldo de los integrantes del Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión, encabezado por Carolina González Barranco, Miguel Ángel Rosas Burguess y Arafat Rosas. 

Además de los abogados Samuel Porras y Tonatiuh Sarabia Amador. Todos actores y luchadores sociales fundamentales en el sexenio morenovallista que fueron reprimidos y con familiares encarcelados por oponerse al exmandatario panista, fallecido tras el colapso de la aeronave en la que viajaba.  

De acuerdo con un extracto del amparo en poder de esta casa editorial, el juez Julio César Márquez Roldán determinó otorgar el juicio a favor de Castillo Montemayor del resolutivo dictado el pasado 26 de julio de 2022, en el que la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Centro en el estado de Puebla, resolvió no ejercer acción penal en contra la agente del Ministerio Público, Adalit Lozada Aguilar. 

Concluyó que, a pesar de la prescripción de la acción penal, “tratándose del delito de tortura, por constituir una violación directa a la dignidad humana, la garantía debe ser observada para todo imputado de un delito, en aras de no permitir que graves violaciones de derechos humanos gocen de condiciones de impunidad”. 

Además, enfatizó en que los hechos denunciados por el ambientalista, con apariencia de delito hasta ahora de abuso de autoridad, en la administración y procuración de justicia y tráfico de influencias, “involucran bienes jurídicos distintos tales como el correcto ejercicio de la función pública, la salud del agraviado, su afectación física, psicológica y patrimonial, la seguridad jurídica de él y de su familia, entre otras, ergo, en la resolución que dicte en cumplimiento a la ejecutoria de amparo”. 

Será una “decisión política” de Céspedes asumir el resolutivo del amparo

En su intervención, Francisco Castillo dijo que asumir la resolución del amparo será una “decisión política” del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina y de la presidente del Tribunal de Justicia, Margarita Gayosso Ponce. 

Señaló que en Puebla el aparato de justicia sigue estando en manos de la misma estructura represora que creó Moreno Valle para recriminar y fabricar delitos a sus opositores.  

“Son los mismos, con los mismos vicios y acciones, no lo cambió Gali, Martha Érika, Pacheco Pulido ni Barbosa”, reclamó el expreso político, quien pidió al mandatario Sergio Salomón Céspedes depure la FGE. 

El ambientalista dijo que el gobernador actual tiene que hacer algo importante en este año que le queda de administración, como “iniciar una depuración y aplicar sanciones a quien tiene responsabilidad de impartir la justicia, para que sean ellos los que se encarguen de provocar el cambio que se requiere para vivir en paz y no se encubra a los corruptos”. 

Advirtió que de lo contrario en Puebla “seguiremos expuestos a la fabricación de delitos y al encarcelamiento en cualquier momento que un ciudadano o periodista tenga una opinión diferente al gobierno”. 

Manifestó que se puede permitir que se sigan violando los derechos humanos fundamentales, como la libertad de expresión, así como causar daño en la salud psicológica, en la moral y patrimonial por pensar diferente. 

“Yo quisiera, con toda sinceridad, que el gobernador se comprometa a hacer justicia a gente como yo, aunque hay muchos que fueron violados, difamados, dañados económica y psicológicamente, que le causaron dolor a su familia. Ojalá ponga un poquito de interés en la impartición de la justicia”, recalcó. 

Afirmó que en este momento en Puebla “hay un aparato de justicia corrupto”; sin embargo, reconoció que afortunadamente hay funcionarios que entienden la problemática social, como el Juez Segundo en Materia de Amparo, Julio César Márquez Roldán, que representa “una luz en el camino” para los poblanos. 

El pasado 16 de noviembre de 2016, Castillo Montemayor fue encarcelado durante 14 meses por los presuntos delitos de peculado por el orden de los 39 millones de pesos, bajo la carpeta de investigación número 267/2020/FECC/UI-A. 

En aquel entonces, para encarcelarlo bastaron treinta y cinco días. Un año y dos meses después de ganar un amparo, dentro del expediente 1556/2016-I, fue absuelto al no haber pruebas en su contra.  

Para fabricarle el delito de peculado por el que fue llevado a prisión, acusó que el exfiscal Víctor Carrancá reunió 167 pruebas documentales entre las que siempre figuraron las marcadas en los apartados 70 y 74, ambos del año 2008. Desde esas fechas supuestamente acreditaron la inexistencia del quebrantamiento de la Ley, a pesar de que nunca tuvo en sus manos recursos públicos. 

Estos documentos obraron todo el tiempo a la vista, como parte de la denuncia presentada contra Castillo por funcionarios de la Contraloría del Estado; y, a sabiendas, los exfuncionarios que intervinieron presentaron la denuncia, la consignaron y ordenaron su encarcelamiento. 

Debido a una serie de vejaciones durante el proceso de detención, el ambientalista finalmente decidió reclamó justicia por la arbitrariedad que se competió en su contra y denunció en marzo de 2020 a los funcionarios públicos que intervinieron en su aprehensión. 

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Después de 25 meses, el pasado 25 de abril de 2022, la justicia poblana determinó que, por el encarcelamiento injustificado de Castillo, ningún funcionario público es responsable de nada, porque actuaron bajo su criterio y no cometieron delito. 

En contra del resolutivo, Francisco Castillo interpuso un juicio de amparo que ganó, debido a que al juez concluyó que fueron violados sus derechos fundamentales. 

Durante el morenovallismo hubo 366 presos, procesados y perseguidos

En su intervención, el abogado Tonatiuh Sarabia, hijo del luchador social y expreso político Rubén Sarabia Sánchez Simitrio, informó que durante el sexenio morenovallista hubo un total de 366 presos, procesados y perseguidos por motivos políticos en el estado. 

Destacó que Francisco Castillo fue el único que se atrevió a denunciar la detención y prisión arbitraria de la que fue víctima. 

Recordó que uno de los denunciados que se coludió para meter a la cárcel a Castillo Montemayor, además de Rodrigo Riestra, hermano del actual diputado federal Mario Riestra, es Roberto Flores Toledano, quien era parte del Consejo de la Judicatura del Estado de Puebla. 

Expuso que la juez de control Beth Irma Pérez quiso archivar el expediente, tras recriminar al ambientalista qué no se había dado cuenta a quién estaba denunciado, en alusión a Flores Toledano. 

Tonatiuh Sarabia dijo que mientras la decisión política de quien gobierne no exista la decisión de castigar a los responsables de las violaciones graves a los derechos humanos, “podremos tener en el papel el mejor aparato del mundo, pero que en la práctica no funciona”.