No hay duda de que la ejecución de Meztli Sarabia Reyna y el atentado contra Pablo Alfredo Barrientos, miembros de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, corresponde a un nivel de violencia política que el gobierno del estado debe tomar en su justa dimensión.
Constituye un gran error involucrar en este crimen una “línea de investigación” relacionada con el narcomenudeo o la extorsión y sería una equivocación garrafal tratar de meter debajo del tapete este caso como se hecho con otros tantos.
En estos momentos, José Antonio Gali Fayad tiene la gran oportunidad de sacudirse un poco la herencia de tiranía que le dejó Rafael Moreno Valle Rosas. Quizás debería desprenderse de algunos funcionarios impuestos por el morenovallismo, como el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Víctor Antonio Carrancá Bourget, cuyo trabajo ha sido reprimir a opositores y permitir la libertad de delincuentes, como el llamado “gallero”.
Hay sectores que están señalando directamente a la administración que encabeza Gali Fayad no solo de este crimen sino de los altos niveles de inseguridad que hay en Puebla y es por eso que el actual gobernador debe actuar con mayor firmeza y deslindarse de una vez por todas de los lastres que el morenovallismo le impuso mediante compromisos, políticas públicas y funcionarios.
El crimen cometido este jueves contra la 28 de Octubre no puede quedar impune de ninguna manera: los autores materiales e intelectuales deben ser encontrados y castigados con todo el peso de la ley.