Es inaceptable que la iniciativa de la nueva Ley General de Aguas, enviada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a la Cámara de Diputados, proponga un cumplimiento paulatino del derecho humano al agua, cuestionó Francisco Castillo Montemayor, exdirector del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP).
Durante el foro “Ley General de Aguas”, organizado por el diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, Castillo Montemayor afirmó que la propuesta contiene al menos 50 fallas importantes, entre ellas que no garantiza de forma inmediata el derecho humano al agua, pese a que está reconocido en el artículo 4 constitucional.
“Hace 15 años se publicó ese derecho en la Carta Magna y ahora se pretende cumplir de manera paulatina. Ningún derecho humano debe garantizarse gradualmente”, subrayó.
El especialista advirtió que ni esta propuesta ni la reforma a la Ley de Aguas Nacionales obligan a los sistemas operadores a mejorar su eficiencia, aunque pierden hasta 40 por ciento del líquido extraído. Tampoco les exige el cumplimiento de normas oficiales, lo que –señaló– favorece a empresas como Concesiones Integrales, que cobran por el saneamiento sin realizarlo efectivamente.
En materia de contaminación cuestionó que no se contemplen sanciones más severas para las industrias que vierten residuos sin tratamiento, particularmente en zonas críticas como el río Atoyac ni acciones para garantizar la restauración ambiental.
Por su parte, la diputada federal por Morena Xóchitl Zagal y María Eugenia Ochoa García, integrante de la Asamblea Social del Agua (ASA), coincidieron en que la coexistencia de dos leyes –la Ley General de Aguas y la de Aguas Nacionales– generará ambigüedades jurídicas.
Zagal puntualizó que no deben coexistir dos normas para regular el agua, pues la Ley de Aguas Nacionales, creada durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, conserva una visión mercantilista. “Debe existir una sola ley que garantice el derecho humano al agua”, sostuvo.
En tanto, Ochoa García consideró que la iniciativa de Conagua omite la participación ciudadana en la gestión del recurso y mantiene el esquema privatizador de la normativa vigente. Además, permite prácticas nocivas como el fracking y carece de mecanismos para asegurar la equidad, la sustentabilidad y la reparación del daño ambiental.
La integrante de la ASA propuso sustituir los actuales consejos de cuenca por órganos regionales con mayor participación social, a fin de transparentar la toma de decisiones y democratizar la administración del agua.
