Aunque el ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas justificó la privatización del servicio de agua potable en que ésta mejoraría la calidad del mismo, lo cierto es que Puebla se encuentra por debajo de la media nacional en cuatro de los 11 indicadores de eficiencia que mide el Programa de Indicadores de Gestión de Organismos Operadores.
La privatización en México siempre se ha pretendido justificar arguyendo que los organismos públicos encargados de administrar bienes y servicios se encuentran en quiebra, por la ineficiencia de sindicatos, directivas corruptas o por la falta de compromiso de los trabajadores.
Se plantea así la falaz expectativa de que la iniciativa privada, sólo por serlo, es la única capaz de resolver los problemas.
Pero la realidad se ha encargado a echar por tierra todos los pretextos esgrimidos por los promotores de las privatizaciones, las cuales, más temprano que tarde, terminan convirtiéndose en una verdadera calamidad para la economía de la población y un negocio pingüe para todos los beneficiados de la entrega.
Ahí están los casos de Teléfonos de México, la banca, los ferrocarriles y otros sectores entregados a las manos de negociantes particulares.
En el caso de Puebla es evidente que no hay beneficios para la población por la privatización.
