A pocas horas de que la Cámara de Diputados defina si procede el desafuero de los legisladores Mauricio Toledo Gutiérrez y Saúl Huerta Corona, el primero intentó frenar el proceso en su contra con un juicio de amparo que un juzgado federal rechazó admitir a trámite, mientras el segundo nunca aportó pruebas a su favor.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) solicitó el retiro de la inmunidad procesal penal a ambos legisladores, al asegurar que existen elementos suficientes para que Toledo sea juzgado por el delito de enriquecimiento ilícito y Huerta por abuso sexual y violación equiparada.
En los dictámenes que emitió la Sección Instructora, los cuales serán votados por la Cámara de Diputados en sesión extraordinaria este día a las 15 horas, se declara la procedencia de la acción penal para los dos diputados.
De acuerdo con la FGJCDMX, Toledo podría hacer frente a una sanción que puede ir de los dos a los 12 años en prisión, periodo que corresponde a un monto de enriquecimiento ilícito que excede el equivalente a cinco mil veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México.
En tanto, los delitos de abuso sexual y violación equiparada que la FGJCDMX imputa a Saúl Huerta son sancionados por el Código Penal de la capital del país con uno a seis años de cárcel y con seis a 17 años de prisión, respectivamente.
El Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa negó admitir a trámite el juicio de amparo de Mauricio Toledo, al determinar que este medio de defensa es improcedente ante un proceso de desafuero.
En la resolución, de la que dieron cuenta diversos medios de comunicación nacionales, el juzgado explicó que los actos reclamados por Toledo –actual diputado de la Ciudad de México que logró su reelección el 6 de junio pasado en el distrito poblano de San Martín Texmelucan- derivan de atribuciones conferidas por la Constitución de manera exclusiva a la Cámara Baja del Congreso de la Unión.
Sobre la defensa de Saúl Huerta, Claudia Pastor Badilla, diputada del PRI que forma parte de la Comisión Instructora, aseguró que el representante popular del distrito 11 de Puebla capital nunca presentó pruebas ni razones que le permitieran defenderse de las denuncias.
Además, dijo que el denunciado no negó los hechos que se le imputan, pese habérsele dado la oportunidad de defensa al momento de contestar la denuncia, durante el periodo probatorio y en el plazo de alegatos.