En enero de 2026 iniciarán los foros en el Congreso de Puebla para legislar sobre la revocación de mandato, en cumplimiento de la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al Poder Legislativo local, informó el diputado de Morena Julio Miguel Huerta Gómez. El legislador adelantó que se trata de un proceso para armonizar la legislación estatal con la norma federal, pendiente desde 2020.
Cabe recordar que, pese a que la discusión estaba prevista para agosto de este año, el Congreso del estado aplazó sin explicación pública la revisión del tema, cuando la Junta de Gobierno y Coordinación Política era presidida por Laura Artemisa García Chávez. A unos días de concluir el periodo ordinario de sesiones, el asunto se abordará a partir del próximo mes mediante tres mesas de análisis.
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De acuerdo con el diputado morenista, la primera mesa estará integrada por las asociaciones civiles que promovieron el amparo que derivó en la exigencia de la SCJN para que el Congreso legisle sobre la revocación de mandato. La segunda convocará a especialistas de la academia, mientras que la tercera reunirá a las fracciones legislativas, con el fin de construir un dictamen que logre consensos.
Entre los puntos centrales de la discusión, Huerta Gómez planteó si la figura de revocación deberá realizarse de manera concurrente con las elecciones locales y federales de 2027, como se analiza en el ámbito nacional. Este ajuste implicaría modificar el modelo originalmente propuesto, que prevé la consulta una vez transcurrida la primera mitad del periodo del titular del Poder Ejecutivo estatal.
El legislador recordó que en 2020, cuando se aprobó la legislación federal en materia de revocación de mandato, se fijó un plazo de 180 días para armonizar las constituciones locales, plazo que el Congreso de Puebla incumplió. Frente a ese rezago, explicó que el 25 de julio de este año presentó una iniciativa que establece que la revocación debe llevarse a las urnas una vez cumplida la mitad del mandato, lo que se modificaría si se opta por hacerla coincidir con los comicios de 2027.
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La propuesta de Huerta plantea que el Instituto Electoral del Estado (IEE) organice y administre el procedimiento de revocación de mandato. Según el proyecto, para que la consulta sea autorizada se requeriría la petición de 10 por ciento de la lista nominal del estado, umbral que activaría el mecanismo ante la autoridad electoral local.
De prosperar la iniciativa en sus términos, el IEE dispondría de 30 días para determinar la procedencia de la solicitud de revocación de mandato. Una vez convocada la jornada, el resultado tendría efectos solo si participa al menos 40 por ciento de la lista nominal y si más de 50 por ciento de los votos válidos se pronuncia por terminar anticipadamente el mandato de la persona titular del Ejecutivo.
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Huerta Gómez insistió en que la intención es ajustar la legislación de Puebla a los parámetros establecidos a nivel federal, pero tomando en cuenta la opinión de organizaciones, especialistas y fuerzas políticas.
