Domingo, junio 22, 2025

Riesgo de pérdida de 25% en fondos para el campo en caso de aprobarse el proyecto de presupuesto

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Una reducción de 23 por ciento enfrentaría el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) en 2021, que equivaldría a la pérdida de casi una cuarta parte de los recursos públicos que manejó este 2020, en caso de que el Congreso de Puebla apruebe sin correcciones la iniciativa de Ley de Egresos del Estado del año entrante.

La diputada del PRI Rocío García Olmedo advirtió que el recorte se verá reflejado en la falta de programas de apoyo para agricultores, por lo que hizo un llamado al Poder Legislativo local a realizar las reasignaciones necesarias para que los campesinos no queden desprotegidos.

En la iniciativa de Ley de Egresos 2021, elaborada por la Secretaría de Planeación y Finanzas del estado, se asignaron a la SDR mil 272.4 millones de pesos, es decir, 377.3 millones de pesos menos que este año. 

Programas se quedan sin fondos o sin recursos para inversión pública

De acuerdo con un comparativo elaborado por La Jornada de Oriente, los conceptos del presupuesto que quedaron sin recursos son el “Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Puebla”, el “Seguro Agropecuario”, así como el “Apoyo Administrativo y Jurídico para las Actividades en Materia de Desarrollo Rural”, a los cuales se les programó este año 15.4 millones de pesos, 44.1 millones y 22.7 millones, respectivamente.

Además, los mil 166.7 millones de pesos del subsidio “Productividad de los Pequeños Productores”, que representa 91 por ciento de los recursos que manejaría la SDR el año próximo, están comprometidos en su totalidad en gasto corriente, es decir, en gastos de carácter administrativo, por lo que no se asignó ni un peso a inversión pública, según el desglose del presupuesto por programa.

El subsidio recibió la clasificación de “primera atención” en la iniciativa de Ley de Egresos 2021 por su importancia, ya que tiene la finalidad de fomentar la vinculación de pequeños productores en cadenas agrícolas que fortalezcan el valor agregado de la producción primaria con la dotación de equipamiento y tecnologías, para mejorar los ingresos de ese sector.

Gasto corriente consume los recursos para el campo

Otro de los programas de “primera acción” es el de “Microcréditos, financiamiento accesible y aseguramiento”. La iniciativa de Ley de Egresos le programó 20.3 millones de pesos, de los cuales 4.3 millones se irán al pago de nómina y los 16 millones restantes a gastos de operación.

De la misma forma que el subsidio “Productividad de los Pequeños Productores”, “Microcréditos, financiamiento accesible y aseguramiento” carece de recursos para destinarlo a inversión pública en 2021.

El mismo problema enfrentan los programas “Modernización y tecnificación del campo”, “Programa ganadero, apícola y acuícola”, “Impulso a la comercialización agrícola” y “Conocimiento e innovación en el territorio”, pues 100 por ciento de los 26.9, 6.1, 19.3 y 11.1 millones de pesos que les programaron, respectivamente, se irán a gasto corriente.

En 2020, triplicaron los recursos de la SDR

En el inicio de la administración estatal del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, la SDR recibió la encomienda “de rescatar actividades agropecuarias, apícolas y acuícolas con enfoque de sostenibilidad, perspectiva de género, interseccionalidad e identidad (…), por medio de la tecnificación y el financiamiento, que permitan atender las principales cadenas productivas del estado”. El objetivo se estableció en el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2019–2024.

La dependencia, que es encabezada por Ana Laura Altamirano Pérez y aglutina a 256 servidores públicos, triplicó sus recursos en el presupuesto 2020, pues de manejar 575 millones de pesos en 2019, este año le fue aprobado un gasto de mil 649.7 millones.

La SDR no es la única dependencia de la administración estatal con recortes en la iniciativa de Ley de Egresos 2021, ya que 13 secretarías más enfrentan reducciones presupuestales que van de medio punto porcentual hasta 62 por ciento, en un escenario de reducción de recursos, tanto federales como locales, por la epidemia de coronavirus (Covid–19).

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