La Fiscalía General del Estado (FGE) anunció el inicio de una investigación interna contra tres de sus principales fiscales, quienes renunciaron la semana pasada en medio de presuntas acusaciones de extorsión y lavado de dinero. De manera paralela, la institución confirmó la salida de otros tres altos funcionarios, con lo que se concreta una depuración al interior de la dependencia.
Estos movimientos implican el desplazamiento total de un grupo de mandos provenientes del Estado de México, con trayectoria priista, que asumieron cargos estratégicos tras el nombramiento de Idamis Pastor Betancourt como titular de la institución encargada de la procuración de justicia en Puebla y que cuentan con antecedentes de extorsión.
La apertura de las indagatorias ocurre luego de que la FGE informara sobre una “reestructuración y fortalecimiento” en diversas áreas sustantivas, derivada, según su comunicado, de “renuncias voluntarias por motivos personales y profesionales”.
Sin embargo, Luis Antonio León Delgadillo, quien se desempeñaba como titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alta Incidencia (Feidai), fue señalado previamente por presuntas irregularidades cometidas durante un operativo realizado en agosto pasado en bares de San Martín Texmelucan, que derivó en la detención de 79 personas.
Empresarios y habitantes de ese municipio acusaron públicamente a León Delgadillo de extorsión y manipulación de carpetas de investigación, aunque hasta ahora no existe una denuncia penal formal en su contra. Pese a ello, el operativo motivó el bloqueo de la autopista México-Puebla en exigencia de la liberación de los detenidos.
Además de León Delgadillo, la semana pasada se confirmó la salida de Miguel Islas, quien encabezaba la Oficina de Recuperación de Bienes Ilícitos, y de Jorge Malvaez, coordinador de esa misma área.
No obstante, este jueves la dependencia ministerial también confirmó otras tres bajas: la de Oswaldo Jiménez Juárez, titular de la Fiscalía Metropolitana de Puebla; la de Bonifacio Sergio Olivares, responsable de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Secuestro y Extorsión; y la de Diego Domínguez Idalias, quien apenas la semana anterior había sido designado como sustituto de León Delgadillo al frente de la Feidai.
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A Jiménez Juárez se le había señalado en 2020 por presuntas negligencias en la investigación del feminicidio de Fátima, una menor desaparecida y hallada sin vida en la Ciudad de México; mientras que a Olivares se le acusó en Cuautitlán Izcalli de irregularidades en la indagatoria de un accidente vehicular donde perdió la vida un hombre.
Por su parte, la fiscal Idamis Pastor reiteró, mediante el comunicado oficial, su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el combate frontal a la corrupción, subrayando que la institución “no tolerará actos contrarios al servicio público en ninguna de sus unidades administrativas”.
Los recientes movimientos forman parte de un proceso de reconfiguración interna que la fiscal impulsa desde julio pasado, cuando reconoció públicamente que la FGE había sido infiltrada por grupos delictivos y redes de corrupción durante administraciones anteriores. En aquella ocasión, confirmó la apertura de ocho carpetas de investigación y la separación de 15 funcionarios presuntamente implicados.
