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Independientemente de si Víctor Antonio Carrancá se va o no de la Fiscalía General del Estado (FGE), pues la intención de los próximos legisladores locales de Morena es removerlo del cargo, la secretaría de Finanzas y Administración (SFA) debe asignar más presupuesto a esta área, ya que la falta de personal e insumos lleva a una revictimización de los agraviados.
Así lo demandó Roberto Esquivel Ruiseco, vicepresidente de la Red Mexicana de Franquicias (RMF), al informar que es necesario invertir para que el trabajo se vuelva más efectivo y se genere un ambiente de confianza entre los ciudadanos.
Este servirá, dijo, también para evitar linchamientos, que son causados por el enojo de la población que no ha encontrado respuestas a sus denuncias de inseguridad.
Recordó que de acuerdo con la organización Impunidad Cero, la FGE ocupa el primer lugar nacional con el peor desempeño en el país, al pasar de una calificación de 38.24 obtenida en 2017, en una escala de 1 a 100 puntos, a 29.84 en el año 2018.
“El Fiscal está impuesto y él dijo que ya no se va, pedir la renuncia es estarle dando vueltas. Es obligación de la secretaría de Finanzas ver el tema de la inversión, junto con el Congreso, tiene que haber un verdadero porcentaje de inversión para que las cosas mejoren”.
Ruiseco indicó que de nada sirve que el edificio de la Fiscalía se haya renovado y que las instalaciones sean modernas si se carece de suficientes agentes del Ministerio Público al igual que de peritos.
“No tienen médicos, no tienen absolutamente nada y revictimizan a la víctima”, lamentó el especialista en seguridad.
Consideró que para que haya una mejora sustantiva, el presupuesto asignado para la FGE en este año debe equivaler a al menos 15 por ciento del monto estimado en la Ley de Ingresos para el 2019.
En el mismo tema, Ignacio Rivero Muñoz, presidente de la Red Mexicana de Franquicias, indicó que las limitantes que prevalecen en la fiscalía incluso podrían ser parte de un plan para que la gente no se acerque a las agencias del MP.
“La estrategia parece ser desgastar a la víctima para que no denuncie o para que se largue y no resolver los problemas ¿no?”.
Dijo que también hay una cantidad considerable de juicios que están sin resolver, pues quedaron justo en la transición del viejo al nuevo sistema de justicia penal acusatorio.