Un tema financiero decanta no solo las ideologías e intereses sino la posición de sectores sociales en el usufructo de beneficios inmerecidos en la sociedad mexicana, en algún “sistema de poder”, como señala el investigador Terry Cannon, para referiste a los grupos amafiados que se procuran esos beneficios exclusivos para sí. Son, básicamente, las posiciones de la derecha política las que se oponen a la extinción de los fideicomisos, los gobernadores panistas se alinean con algunos personajes de varios sectores, entre los que se encuentra el académico, para oponerse y… cosa curiosa, ponen como ejemplo el Fonden, un instrumento financiero dedicado a la atención de desastres, como si realmente fuera el ejemplo del buen fideicomiso. No lo es, al contrario.
No basta la penetración de las investigaciones de Fundar sobre las magias que se producen en los fideicomisos públicos para desaparecer muchos millones de pesos en actos de corrupción casi intrazable; tampoco las cuentas de la Auditoría Superior de la Federación señalando incongruencias en el uso de los recursos del Fonden y las decenas de artículos periodísticos sobre la corrupción de las administraciones federales del PAN y del PRI, escritos a partir de denuncias contra funcionarios de la administración foxista, y la destitución de la entonces Coordinadora de Protección Civil y otros dos funcionarios públicos en 2005.
No basta la enorme cantidad de denuncias de malos manejos e ineficiencia del Fonden en los medios masivos y en las redes sociales cuando se relaciona su aplicación u omisión con un desastre, desde los huracanes Ismael, Opal, Roxana de 1995, pasando por los ciclones tropicales Ingrid y Manuel en 2013, por ejemplo. La lista es muy grande.
Para ponderar la utilidad del Fonden, su sentido de existir, solo hay que ver las consecuencias de los desastres en nuestro país. Baste observar el estado de la “reconstrucción” por los sismos de 2017 en Chiapas, Oaxaca, Morelos, la Ciudad de México, y lo que en su momento recordó de los rezagos de la atención de desastres pasados como el huracán Manuel en 2013 que dejó devastación en la montaña de Guerrero, donde el Fonden no llegó y los afectados tuvieron que arreglársela ellos mismos para “recuperarse” de los impactos desastrosos del meteoro. Lo mismo pasó con los damnificados del ejido Salvador Urbina en Cacahoatán, Chiapas, por el sismo del 7 de julio de 2014. Se quedaron esperando la “reconstrucción”.
La ineficiencia del Fonden, de sus modos operativos y los fideicomisos estatales desde que fueron creadas sus reglas de operación en 1999 no han tenido una elemental buena evaluación. El Fonden tuvo dos programas, el de atención y el de prevención de desastres, cada uno con sus fideicomisos. Si la ineficiencia y corrupción fueron de escándalo público para el primero, para el tema de la prevención de desastres, menos conocido, los resultados son igualmente graves, ocurre que, en este caso, los accesos al dinero son más limitados.
No es difícil entender la reducción presupuestaria del Fonden desde el inicio de la actual administración federal, de poco más de 26 mil millones de pesos en 2018 a poco más de 3 mil millones de pesos para 2019. Analistas del tema de las finanzas en desastres, tanto de México como del extranjero, no sin ingenuidad, han señalado críticamente que se destina más dinero a la atención que la prevención, como si ese fuera un error conceptual. Se ha dedicado más dinero a la actividad que permite más espacios de corrupción, eso es todo.