Los defraudados por Sitma e Invergroup en Puebla insisten en la creación de un fideicomiso federal o estatal que garantice el pago y la devolución de los aproximadamente mil 300 millones de pesos que perdieron hace dieciséis años.
Según expuso José Luis Pérez Bello, representante del grupo de afectados Zona Dorada, ya hicieron llegar la petición formal al gobierno federal mediante un escrito que detalla la exigencia de este fideicomiso. Este mecanismo permitiría utilizar los bienes incautados y los recursos recuperados de los responsables del fraude para la devolución proporcional a cada afectado; se estima que fueron 10 mil 500 personas las agraviadas.
Tras entregar la solicitud de intervención de la resolución del problema a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los defraudados recibieron respuesta institucional. De acuerdo con el oficio SEGOB/CRI/DGT/1177/2025, fechado el 4 de junio, la petición fue canalizada por la Dirección General de Atención Ciudadana de la Presidencia a la Secretaría de Gobernación federal.
En la actualidad, los afectados denuncian que la vía judicial ha sido insuficiente para garantizar la devolución de sus recursos, incluso cuando ya existen sentencias de hasta 34 años de prisión y bienes embargados por la autoridad. Sin embargo, la dispersión de los procesos y la falta de un instrumento transparente, como el fideicomiso, sigue postergando la justicia.

Pérez Bello resaltó: “Formar un fideicomiso federal o estatal, tomando como base las propiedades incautadas a los defraudadores, para la reparación del daño a cada defraudado, como lo indican las sentencias condenatorias, es lo que estamos demandando”.
El movimiento, que surgió desde octubre de 2009 tras descubrirse el fraude, agrupa principalmente a adultos mayores, quienes han insistido durante años en que los activos embargados pasen directamente a resarcir el daño sufrido por quienes confiaron sus ahorros a Sitma e Invergroup.
Los afectados advierten que continuarán presionando para que el fideicomiso nacional sea implementado y así, finalmente, se rescate a las miles de familias que aún esperan justicia, transparencia y la devolución de su patrimonio.


