Si alguien goza de plena impunidad por ser protegido de la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) es José Osvaldo Armenta Nava, quien es el director de Seguridad Pública de Teziutlán, y en cuya gestión ha crecido la presencia del crimen organizado, los secuestros y asaltos, y la posible complicidad de la policía con el hampa. Por si fuera poco, enfrenta una demanda por tráfico de influencias y usurpación de funciones, que puso en su contra de una parte de su propia familia y que es descendiente de los Ávila Camacho, y hasta ahora nadie hace algo en su contra.
Por si fuera poco, se sabe que en Teziutlán existe el proyecto de que la próxima candidata del PAN a la alcaldía sea Corona Salazar Álvarez, por su cercanía sentimental con el actual edil Antonio Vázquez. Y que desde ahora, se tiene planes de que José Osvaldo Armenta siga como director de Seguridad Pública en caso de que la elección la vuelva a ganar el albiazul, sin importar que en el trienio del presidente municipal Carlos Peredo dicho personaje fue dado de baja por anomalías administrativas en el manejo de los parquímetros de esta ciudad serrana.
Con Oswaldo Armenta al frente de la Dirección de Seguridad Pública se han cometido las siguientes peculiaridades:
Dos asaltos al banco HSBC, en el mismo día, durante dos semanas seguidas.
Asaltos armados a los negocios de ciudadanos críticos de la gestión del edil Antonio Vázquez, como fue el robo a la agencia Nissan de Mercedes González Molina, quien se opuso al proyecto de que se construyera un centro comercial subterráneo por el riesgo que representa una obra de esa naturaleza en el suelo inestable de Teziutlán.
Que en una ocasión fuera secuestrado Fernando Arámburo, quien es parte de la familia Ávila Camacho –que dio un presidente de México y un gobernador de Puebla– y testigos del plagio vieran que se cometió en un auto “verde” y a la Policía se le dio órdenes de rastrear un vehículo “rojo”.
Que ante los secuestros y asaltos, en Teziutlán la gente ha impuesto una especie de toque de queda de no salir en las noches. Y que aparezcan mensajes que vinculan a la Policía con un cártel del crimen organizado.
Y por si fuera poco, desde 2016 enfrenta una demanda por tráfico de influencias y usurpación de funciones, que le presentó una parte de su propia familia política, y simplemente el recurso legal no avanza en su contra, pese a estar muy claras las anomalías cometidas. Esa situación pone de manifiesto que José Osvaldo Armenta Nava es un personaje intocable en la vida pública del estado de Puebla.
Contra su propia familia
José Osvaldo Armenta Nava era abogado defensor de oficio y en el año 2008, lo mandaron a Teziutlán como castigo a un mal desempeño. Ahí en esa ciudad, le vuelve a sonreír la vida –luego de un divorcio y a disputa de una hija que fueron muy publicitados–, ya que logra el cargo de juez municipal civil y se casa con Daniela García Ávila, quien es hija de Eufrosina Ávila Arámburo, quien es descendiente directa de la familia Ávila Camacho, la misma que controló el poder político de Puebla durante la mayor parte del siglo XX.
Resulta que existe un predio, denominado “El Ranchito”, cuyo valor ascendería a los 300 millones de pesos, que es parte de una herencia que Rafael Ávila Camacho Núñez –descendiente directo de familia Ávila Camacho– cedió a su hijo Eulogio Ávila Arámburo, mediante un testamento suscrito en 2007. Al cabo de 5 años, surgió un supuesto segundo testamento, en donde se ampliaría los beneficiarios de esa propiedad a Beatriz del Carmen Ávila Arámburo, Celeste Ávila Arámburo, Eufrosina Ávila Arámburo y Rafael Ávila Arámburo, todo ellos hermanos del poseedor del terreno en cuestión.
El terreno en disputa se encuentra –en el presente– a nombre de dos hijas de Eulogio Ávila –que lo hizo en pago a un juicio de alimentos– y cuya usufructuario vitalicia es Janet Sánchez Cabrera, quien es esposa del primero.
Eulogio Ávila y Janet Sánchez Cabrera mantienen un litigio en el cual han acreditado que no existe un segundo testamento sobre la propiedad “El Ranchito”.
La anomalía que existe en todo este asunto es que en 2015, José Osvaldo Armenta Nava cuando era juez municipal civil emitió una interpelación judicial para evitar cualquier proceso de compraventa del total o de manera parcial del predio “El Ranchito”, misma que recibió la Notaría Pública 2 de Teziutlán y un grupo de personas que tenían interés en dicha propiedad.
Esa conducta era anómala por que José Osvaldo Armenta Nava está casado con una integrante de la familia que está disputando el predio, por tanto, en su calidad de juez no podía intervenir, por haber un conflicto de intereses y al final, se convirtió “en juez y parte”.
Y en segundo lugar, no procedía ese recurso que mandó a la notaria y un grupo de particulares.
Por esa razón, Janet Sánchez Cabrera presentó una denuncia en su contra –el 8 de julio de 2016– por los presuntos delitos de usurpación de funciones y tráfico de influencias. A dos años de ese recurso, nadie le hace nada a José Osvaldo Armenta, pese a ser un factor de inestabilidad de la paz social de Teziutlán. Este es un rostro claro de la impunidad que campea en Puebla.