Ante la negativa del personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) asignado en Ajalpan para iniciar la denuncia contra el responsable del atropello a dos estudiantes del Instituto Tecnológico de la Sierra Negra (ITSN), fue necesaria la intervención de un fiscal enviado desde la ciudad de Puebla. Así lo informó Cecilia Pineda Cruz, rectora de la institución, quien además expresó su preocupación por el estado de salud de los jóvenes afectados, Eddyreimi y José Iván, quienes continúan hospitalizados.
La rectora explicó que los estudiantes lesionados viajaban diariamente en motocicleta desde Coxcatlán para asistir a clases, y que actualmente están verificando que el proceso legal se realice de manera adecuada. Celebró que finalmente se cuenta con el respaldo de la FGE Puebla, y confió en que se asegure el pago de los gastos médicos y el apoyo legal para las familias afectadas.
El accidente ocurrió el pasado 4 de abril, cuando los jóvenes se dirigían al plantel. Iban en su carril, con casco de seguridad, cuando fueron impactados por un taxi de Calipan que hizo corte de circulación. El fuerte choque los dejó en un estado crítico de salud.
Cecilia Pineda detalló que ambos estudiantes presentan fracturas en la pelvis y uno de ellos también sufre una fractura en la columna, además de otras lesiones. Los describió como jóvenes destacados y comprometidos con su formación académica.
Las familias de Eddyreimi y José Iván piden que el conductor responsable asuma los gastos médicos y que el caso no quede impune. La rectora confirmó que el ITSN está dando seguimiento puntual y acompaña a los familiares para que se haga justicia.
Por su parte, la comunidad estudiantil del ITSN ha manifestado su indignación. Exigen justicia y que las autoridades actúen con firmeza para evitar la impunidad en este caso.
El reclamo social ha crecido, y tanto la institución como las familias buscan que la FGE Puebla mantenga activa su intervención y que no se repitan omisiones como la ocurrida inicialmente en Ajalpan.
La situación de los estudiantes sigue siendo delicada, pero hay esperanza en su recuperación. La comunidad espera que el caso sea un precedente para que se garantice el acceso a la justicia para las víctimas y el castigo al responsable.
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